La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto 6.982.770 euros en fianzas de responsabilidad civil a dos abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís que habrían "blanqueado" las ganancias "ilícitas" obtenidas por "su empleado", el conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, "a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero".

En un auto notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso, la juez Mercedes Alaya impone sendas fianzas de responsabilidad civil de 3.491.385 euros a los letrados José Luis Leal Bonmati y Alfredo Jiménez Suñe, todo ello "sin perjuicio de ulterior variación", cantidad que se corresponde con el diez por ciento de la fianza impuesta al también letrado de este despacho Carlos Leal Bonmati. La instructora imputó a ambos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

La juez entiende que ambos imputados, socios y administradores mancomunados del despacho citado, "indiciariamente participaron desde el año 2001 en determinados procesos de negociación y concesión de ayudas sociolaborales instrumentados a través de pólizas de renta o bien intervinieron en el proceso posterior, cuando la ayuda ya había sido comprometida, a través de las asociaciones de extrabajadores que constituían". "Esta participación se producía gracias a las influencias del también socio e imputado Carlos Leal Bonmati tanto en la Junta como con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y los sindicatos", todo lo cual se hizo "más sólido" cuando "contrataron" a Juan Lanzas. Dice la juez que el despacho "ha trabajado tanto con la mediadora Vitalia como con Uniter", por lo que los imputados "serían presuntamente conocedores y beneficiarios de las sobrecomisiones que ambas mediadoras cobraban de la Junta".

"Clientes y dinero"

A ello se suma que Lanzas y los socios de Estudios Jurídicos Villasís "se prestarían servicios recíprocamente", pues Lanzas les "proporcionaría diversos clientes por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a cambio, el exsindicalista "encontraría en el despacho la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones", utilizando al bufete "como un centro de lavado de dinero". Así, el bufete "pagaría al entramado societario de Juan Lanzas 1.156.131 euros y todo ello mediante facturación falsa por servicios inexistentes", de manera que "los socios de Estudios Jurídicos Villasís blanquearían las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero".

"Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofrecía Estudios Jurídicos Villasís a Juan Lanzas que sólo puede pensarse en una distribución de las ganancias entre ambos", asevera la juez Alaya en un auto en el que impone, además, una fianza civil de 64.107,96 euros a la esposa de Carlos Leal y empleada del bufete, María Antonia Carrasco Roncero, quien "indiciariamente sería partícipe de determinados hechos cometidos al amparo de dicho despacho de abogados".