El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) censuró ayer que los trabajos de inspección e investigación del posible fraude en la justificación, el control y la concesión de subvenciones para cursos de formación profesional para el empleo haya sido encargado a interinos. El SAF ha registrado un escrito remitido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el que la emplaza a "no relegar a los funcionarios" y a que "no derive" a otros colectivos esa tarea.

El SAF se refiere a la contratación de 64 trabajadores interinos como plan de choque para solucionar la revisión interna de los expedientes afectados por el posible fraude, tras lo que el SAF le ha recordado en su escrito a la presidenta que "debe velar por la legalidad vigente, vulnerada al delegar potestades públicas tan importantes y sensibles como revisar, fiscalizar y posiblemente sancionar que deben ser ejercidas por funcionarios públicos".

El SAF agrega que esa petición se efectúa "con mayor motivo, pues la Junta cuenta con una relación de puestos de trabajo suficientes para realizar dichas tareas con independencia y transparencia". El sindicato solicita que, "en caso de necesitar personal de apoyo, se oferte empleo público en igualdad de condiciones y bajo los principios constitucionales a todos los ciudadanos".

El SAF recordó que ha obtenido hasta en tres ocasiones el respaldo del TSJA contra las encomiendas de gestión realizadas por la Consejería de Empleo a favor de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por los mismos motivos por los que ahora se contrata a 64 trabajadores. Los fallos "son fundamentados en que las potestades públicas, tanto directa como indirectamente, solamente pueden ser ejercidas por los funcionarios públicos y que al encomendar dichas funciones al personal contratado vulnera la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".