Los exconsejeros de Innovación Martín Soler y Antonio Ávila han declararon ayer ante la juez que investiga el caso Bahía Competitiva que ellos no sabían "nada" de cómo se concedieron las ayudas a la reindustrialización de Cádiz con las que un grupo de empresarios cometió un fraude de 25 millones de euros. Ambos ex consejeros, que declararon en calidad de testigos, apuntaron que el convenio que la Agencia IDEA, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ministerio de Industria firmaron para desarrollar y gestionar este plan de ayudas estatales "no era de entidad" suficiente como para que se informara de su desarrollo a los consejeros.

La participación de la Agencia IDEA en el desarrollo de este convenio se gestionaba "básicamente a nivel provincial", a través de la Delegación de Innovación de la Junta en Cádiz, por lo que ellos "no estaban informados" de su desarrollo.

Soler y Ávila han sido citados como testigos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por la titular del juzgado de Instrucción número 4, después de que el pasado 3 de octubre fuera citado para declarar también como testigo el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, antecesor en el cargo de Soler, que ocupó la cartera entre 2009 y 2010, y de Ávila, que lo hizo entre 2010 y 2013.

En su comparecencia, Vallejo señaló que no tuvo "absolutamente nada que ver" con la distribución de estas ayudas, porque se produjeron "dos años después" de dejar de ser consejero.

El ex consejero, y actual parlamentario, fue citado como testigo, también a petición del fiscal, porque en 2008, en nombre del Gobierno andaluz, firmó un convenio para la gestión del Plan Bahía Competitiva, en el que el Ministerio de Industria dispuso de cien millones de euros para ayudas a empresas que se instalaran en la Bahía de Cádiz, en un programa puesto en marcha tras el desmantelamiento de la planta de la multinacional Delphi en Puerto Real.

La investigación sobre ese fraude se inició hace tres años cuando, tras una denuncia de la Junta, se detectó que un conglomerado de empresas conectadas entre sí y que habían recibido unos 25 millones de euros no habían puesto en pie los proyectos para los que recibieron las ayudas.