La Comisión Europea denunció ayer a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no garantizar un correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas en algunas aglomeraciones de Andalucía, además de en Galicia o Cataluña, lo que supone un riesgo para la salud pública. España recibió ya en 2003 un primer aviso en relación con este caso, que afecta a zonas con una población de más de 10.000 habitantes. En Andalucía, la Comisión -que regula estas políticas desde 1991- pone de ejemplo el problema en Bollullos Par del Condado (Huelva).