La Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y SOHA, que agrupan a ciudadanos extranjeros propietarios de viviendas fuera de ordenación en las provincias de Almería y Málaga, solicitaron ayer una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para abordar la situación de estas edificaciones y ante la proliferación de sentencias que ordenan su derribo pese a estar reconocidos como compradores de buena fe.

"Los británicos están en estado de shock y angustia ante las malas noticias que están saliendo de futuros derribos, lo que demuestra que el problema no mejora sino que empeora", indicó la presidenta de AUAN, Maura Hillen, para quien las circunstancias "requieren medidas urgentes si se quiere que exista un ápice de posibilidad de inversiones extranjeras en las zonas afectadas".

Hillen advirtió además que, de continuar "este ritmo" de resoluciones contrarias a los intereses de compradores de buena fe, se "corre el riesgo de crear un páramo social y económico" en las comarcas del Almanzora y la Axarquía. Asimismo, Hillen aseguró que los británicos afectados "se ven indefensos" y criticó que no se hiciera "nada para notificar a los habitantes y propietarios de las viviendas de la existencia del procedimiento, para que pudiesen defenderse contra una sentencia que ordena la demolición de su casa".

La reacción de ambos colectivos llega tras la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Almería que ordena la demolición de 17 viviendas unifamiliares construidas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras en el paraje Media Legua de Cantoria en el marco de una causa penal en la que el promotor y constructor ha sido condenado a 14 meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota de 12 euros al día, así como a inhabilitación especial por tiempo de 20 meses.

Hay que recordar que en noviembre ya se demolieron dos viviendas ilegales en Cantoria.