La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha solicitado a la secretaría técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre la "cuantía individual" de las subvenciones concedidas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

En un auto dictado ayer lunes, la magistrada plantea además al Ministerio, a instancias de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que informen sobre la "norma estatal" que debe ser aplicada como derecho supletorio para determinar la cuantía de las subvenciones concedidas por la Junta en base a los diferentes convenios (de 5 de diciembre de 2008, 9 de octubre de 2009 y 29 de noviembre de 2010) suscritos para los ex trabajadores de Delphi, "en lo relativo a las ayudas de carácter social garantes de un nivel mínimo de ingresos y su industria auxiliar que, teniendo al menos cumplidos 53 años, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad".

La instructora recuerda en el auto que con fecha 4 de julio de 2007 fue aprobada el acta final del acuerdo entre la administración concursal de la empresa y los representantes de los trabajadores de Delphi, por el que se extinguió la totalidad de la plantilla, compuesta por 1.520 trabajadores, y pagando íntegramente por Delphi las indemnizaciones por despido, que ascendieron a 120 millones de euros.

El juzgado de lo Mercantil de Cádiz aprobó, el 30 de julio de ese mismo año, el ERE y confirmó los acuerdos alcanzados en ese acta. El 4 de julio de 2007 también se firmó un protocolo entre la Junta y los sindicatos UGT, CCOO, USO y CGT, que tuvo "16 desarrollos posteriores" –el último de 2 de noviembre de 2011-, por el que las partes se comprometieron a adoptar distintas medidas, tanto económicas como formativas, para "mitigar la incidencia negativa del ERE".

La Ley de presupuestos generales del Estado para 2008 introdujo en su disposición adicional sexagésimo sexta el denominado plan de Empleo para la Bahía de Cádiz, mientras que la ley de presupuestos de la Junta, en consonancia con el anterior, estableció en su disposición adicional sexta el "plan para la mejora de competitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz: Bahía competitiva". El 5 de diciembre de 2008 ambas administraciones firmaron un convenio de colaboración en el que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPPE) subvencionó, al 50% con la Junta y por importe de 47,5 millones, diversas acciones para mejorar la empleabilidad de los desempleados de la Bahía de Cádiz.

En el auto, Alaya explica que los convenios de colaboración tienen carácter de "bases reguladoras de las subvenciones que al efecto se conceden" pero estos convenios "no concretan los contenidos mínimos que deben reunir las bases reguladoras, enumerados en el artículo 17 de la ley 38/2003 General de Subvenciones, ya que, entre otros aspectos, no detallan la cuantía de las posibles subvenciones a conceder en relación a los ex trabajadores de Delphi y su industria auxiliar", afirma la instructora, que añade que el Estado tiene la "competencia exclusiva" sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. Por ello, Alaya entiende que "las normas que establezcan las bases reguladoras de las subvenciones en materia laboral deberían ser las dictadas por el Estado, correspondiendo a la Comunidad Autónoma exclusivamente su ejecución y control". 

De otro lado, la magistrada ha dictado un nuevo auto en el que acuerda recabar numerosa documentación de Delphi con objeto de entregársela a los peritos de la Intervención. Entre esta documentación, Alaya reclama las subvenciones o ayudas concedidas a los ex trabajadores de esta multinacional y de su industria auxiliar, así como la documentación relativa a la subvención concedida a la fundación Altedia Creade contenida en el convenio de 21 de diciembre de 2007, que suscribió esta fundación con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

También ha requerido la entrega de los expedientes completos del ERE 61/2011 y del ERTE 88/11 de Alestis Aerospace, que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar. Por último, Alaya solicita la entrega de las encomiendas de gestión de 2011 y las actas del comité de coordinación y seguimiento de las mismas, todo ello para que los peritos desarrollen su labor "con la mayor eficacia y agilidad".