Unas 30.000 personas han plasmado por escrito en la comunidad autónoma qué tratamientos quieren y cuáles no en los últimos días de su vida. El número de inscritos en el Registro de Voluntades Anticipadas se ha multiplicado desde su creación en 2004 al pasar de 782 en aquel año a 29.298 en agosto de 2015.

La cifra sitúa a Málaga a la cabeza de Andalucía. "Mi consejo es que todo el mundo haga las voluntades anticipadas, porque es la mejor herramienta para la toma de decisiones y para respetar los valores y la dignidad del paciente", recomienda el director de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Regional de Málaga, Guillermo Quesada.

Andalucía fue pionera al aprobar en 2010 la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Luego le siguieron otras cuatro comunidades. Pero no existe una normativa para todo el país.

"Debería haber una ley nacional que garantizara el derecho a morir dignamente, que no es lo mismo que la eutanasia; no estoy a favor de la eutanasia", aclara Quesada.

La falta de un marco estatal supone que en las cinco comunidades que han legislado sobre el asunto, por ejemplo, la sedación paliativa de los pacientes tiene una cobertura legal. "En el resto, la cobertura es deontológica, pero no legal", indica el también presidente del Comité de Ética Asistencial de los hospitales malagueños. "Hace 30 años, ya se hacía sedación paliativa, aunque sin cobertura legal", matiza.

El tema es espinoso y controvertido, pero se han hecho avances. Los comités de ética para abordar aquellos casos en los que se produce un conflicto de valores entre el paciente, los familiares y la ciencia se han ido perfeccionando. Hace años que existen, pero en 2010 se separaron para abordar por un lado los asuntos de investigación y por otro, los asistenciales. A principios de 2015 los de ética asistencial de los distintos hospitales se unificaron. Aunque su resolución no es vinculante, este órgano es el garante del respeto a los valores de los pacientes. "La mayoría de la gente es sensata y entiende que un familiar no tiene por qué sufrir para morirse. Generalmente no hay excesivos conflictos", asegura.

Sin embargo, cada año llegan al Comité de Ética Asistencial entre 12 y 14 casos. Algunos por aspectos clínicos, aunque otros simplemente porque el paciente plantea que no quiere que un detalle de su salud conste en su historia clínica.

El conflicto más habitual se produce porque una familia pide más tratamiento "cuando la ciencia dice que no hay que hacer nada más", explica el facultativo.

La preocupación por la dignidad en el momento de la muerte ha llevado al Hospital Clínico a participar en un estudio junto con UCI de cinco continentes -Ethicus II- que analizará la limitación de los tratamientos de soporte vital y durará seis meses. Así, leyes, comités y estudios van dando pasos por la dignidad en el momento de la muerte. Un tema del que muchos prefieren no hablar, y que esta semana ha vuelto a centrar la actualidad tras el caso de la menor Andrea, pero que afecta a todos.