El Constitucional rechaza el recurso del PP contra el decreto del litoral

El Alto Tribunal desestima la petición de los populares a través de sus diputaciones contra varios puntos de una norma de la Junta que impedía crecimientos urbanísticos en la costa

Vista aérea de Conil de la Frontera.
Vista aérea de Conil de la Frontera.

El Tribunal Constitucional ha fallado que las diputaciones provinciales no tienen legitimidad para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local en relación con un recurso que plantearon cuatro diputaciones entonces gobernadas por el PP contra el decreto ley de la Junta que reguló la planificación urbanística del litoral andaluz.

En una sentencia publicada esta semana en los boletines oficiales, el pleno del Tribunal Constitucional "inadmite" el conflicto en defensa de la autonomía local formulado en 2013 por las diputaciones provinciales de Almería, Cádiz, Granada y Málaga. Estas instituciones denunciaron que muchos ayuntamientos estaban en contra del decreto ley aprobado por la Junta sobre la protección del litoral, ya que en su opinión invadía competencias municipales al impedirles, por ejemplo, aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable. Tanto la Junta de Andalucía como el Parlamento andaluz se personaron en el conflicto alegando que el decreto ley 5/2012 no vulneraba la autonomía local y recordaban que las comunidades autónomas son las responsables del control urbanístico.

El TC analiza si las diputaciones están legitimadas para presentar este recurso y falla que "ni la naturaleza estrictamente competencial del proceso ni la concreta regulación del mismo permiten sostener que una diputación provincial pueda acudir al conflicto en defensa de la autonomía local para defender competencias estrictamente municipales". "Los entes locales no acuden a este tribunal en la condición de sujetos directamente afectados por la norma discutida, sino que promueven el proceso para defender una competencia ajena cuya titularidad corresponde a todos o algunos de los municipios incluidos en su respectivo ámbito territorial", estima el tribunal, que constata por lo tanto que "los entes impugnantes no están legitimados para promover el presente conflicto" por la autonomía local.

Las diputaciones provinciales del PP se arrogaron la defensa de los 52 municipios costeros que no tenían a la fecha aprobado su plan de ordenación urbanístico. Otros diez municipios costeros sí tienen el PGOU adaptado.

El PP-A interpuso a través de las diputaciones provinciales que gobernaba y con municipios en el litoral (en las municipales de mayo perdió Cádiz y Granada de éstas) un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 2 y 3 del decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta. El razonamiento fue que la Ley de Autonomía Local considera a las provincias como una entidad local cuya función es garantizar el ejercicio de las competencias de los municipios que las componen y por ello el PP consideró la vía de recurrir a las diputaciones una vía "legitimada" para interponer este recurso.

El PP consideró el recurso en base a que este decreto del litoral "quita competencias a los ayuntamientos" y "suspende su capacidad" para aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable. En segundo lugar, el PP-A añadió que el artículo 3 obliga a los municipios a cumplir el POTA en un periodo máximo de ocho años. Y en tercer lugar, que fue "arbitrario e injustificado" que este decreto se haya tramitado como decreto ley.

El Consejo Consultivo ya emitió un dictamen sobre este recurso a petición del PP y le avisó entonces de que no estaban legitimados. El pleno del Consultivo aprobó por mayoría de la Comisión Permanente -con dos votos particulares disidentes del sentido del mismo- un dictamen en el que concluyó que no son las diputaciones quienes tendrían que impugnar el decreto, sino los propios ayuntamientos si se considerasen afectados.

La respuesta del Consultivo consideró "que no existen fundamentos jurídicos suficientes para que dichas diputaciones planteen el conflicto", aunque consideró conveniente esclarecer la cuestión de fondo en el Constitucional.

En septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso. El entonces portavoz popular en el Parlamento, Carlos Rojas, se congratuló de que "se vaya a entrar en el fondo del asunto" e invitó a la Junta de Andalucía a "reflexionar" sobre "su forma de hacer política", porque "está paralizando la economía", en un momento en el que "se necesita crear empleo y dinamizarla". Este decreto bloqueó la actividad urbanística hasta que el pasado mayo la Junta aprobó el plan de protección del corredor litoral de Andalucía.

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