Tras la tempestad, la calma. Los diputados de la comisión de formación tomaron nota del espectáculo poco edificante ofrecido el pasado martes y ayer bajaron varios tonos el volumen de sus acusaciones a otros grupos. También ayudó a oxigenar el ambiente la seriedad con la que se tomaron los comparecientes sus intervenciones.

Tanto Manuel Recio como Antonio Ávila, los dos últimos responsables del área de Empleo de la Junta, declinaron acogerse a su derecho a guardar silencio y contestaron con formalidad a las preguntas de todos los comisionados. Ambos coincidieron en defender que la normativa andaluza sobre las subvenciones a los cursos de formación es de las más estrictas de España y que "los controles no se relajaron". Sus únicas críticas estuvieron dirigidas a la falta de personal, situación provocada, especialmente, por los "recortes" efectuados en plena crisis.

La comparecencia de Recio estuvo marcada por su posible relación con el también ex consejero Ángel Ojeda, cuyas empresas eran fijas a la hora de recibir las ayudas. Recio aseguró que desconocía que Teresa Florido fuera cuñada de Ojeda cuando fue designada para el cargo de directora general de Formación Profesional y que cuando veía resoluciones de subvenciones a empresas de Ojeda era incapaz de relacionarlas con el ex alto cargo de la Junta sólo leyendo el nombre de las mismas.

Las exceptuaciones, por las que no se verificaba la documentación aportada por las empresas para justificar las subvenciones, fue el otro tema sobre el que gravitó la mayor parte de la intervención de Recio. El diputado de IU José Antonio Castro fue quien le recordó que firmó "dos resoluciones de exceptuaciones, una en diciembre de 2010, que atañe a 365 entidades con 2.023 subvenciones pendientes de justificar que suman unos 306 millones de euros, y otra en diciembre de 2011, que atañe a 206 entidades con 586 subvenciones pendientes, con unos 86,7 millones de euros".

Recio defendió que las exceptuaciones se realizaban por "un interés general" porque la administración no tenía medios suficientes para verificar toda la documentación y la otra opción era paralizar la organización de cursos y la pérdida de fondos europeos, como se decidió cuando Susana Díaz llegó a la Presidencia de la Junta.

Antonio Ávila también se explayó en su explicaciones sobre la decisión de aprobar exceptuaciones masivas. El ex consejero reconoció que firmó 1.162 exceptuaciones en diciembre de 2012, pero que fueron en expedientes "alejados de sombras de irregularidad" y que "en ningún caso suponían un perdón o dispensa al beneficiario de cumplir con sus obligaciones".

Ávila afirmó que todas las exceptuaciones aprobadas durante su mandato "cumplían los requisitos previstos, estaban debidamente motivadas y justificaban la razón prevista en la ley".

Ávila explicó que puede que una subvención haya sido justificada por el beneficiario y sea la Junta quien no haya tenido tiempo para completar el proceso. Por tanto, en este caso "tiene sentido la exceptuación" puesto que cuenta con "una finalidad práctica, como desbloquear la gestión del gasto".