La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, ha reclamado por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que ha exculpado a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La acusación presentada ayer por el gabinete jurídico de la Junta se dirige por tanto contra nueve de los doce procesados y la principal novedad con respecto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción está en la introducción, además de los delitos continuados de prevaricación y malversación, de otro de tráfico de influencias que sólo atribuye a Antonio Fernández, Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto Monge.

Para los responsables de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo, la Junta pide una condena de tres años de prisión por delitos continuados de prevaricación y malversación.

Los servicios jurídicos de la Administración autonómica han pedido para Antonio Fernández seis años y medio de prisión (la Fiscalía ha solicitado doce años y medio), 30 años de inhabilitación y una multa de 817.180,37 euros por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En el caso de Javier Guerrero, la pena solicitada es de cinco años y medio de cárcel, 27 años de inhabilitación y multa de 707.560,37 euros; y a Juan Márquez de tres años de cárcel y otros 13 de inhabilitación. 

Para la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, la Junta reclama tres años y nueve meses de cárcel, 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 362.645,66 euros.

En cuanto a las responsabilidades civiles, los servicios jurídicos de la Junta reclaman que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Administración autonómica en 612.885,28 euros, cifra en la que cuantifica el perjuicio por el pago de las primas de los intrusos y que, a diferencia de Anticorrupción, no reclama el abono de los 2.951.410,84 euros que supuso el importe total de las ayudas abonadas por la Junta.

En cuanto a los hechos que se recogen en el escrito de calificación de Acyco, la Junta relata que Aceitunas y Conservas inició en marzo de 2003 un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada “3 de julio” para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

El entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración en el que aparecen como beneficiarios un total de 36 personas, siendo así que entre los beneficiario no aparece Encarnación Poto y sí aparecen dos intrusos, Domingo Martínez Castillo –el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, ya fallecido- y Andrés Carrasco Muñoz, para el que se piden dos años de cárcel como “cooperador necesario” de los delitos de prevaricación y malversación. "Ambas personas son naturales de la Sierra Norte de Sevilla y la única causa que determina su inclusión en el anexo de dicho protocolo es su relación personal con el señor Guerrero Benítez", precisa el escrito de conclusiones provisionales de la Junta. De hecho, Andrés Carrasco, según dijo en su día la Fiscalía, era “amigo de la infancia” del ex director de Trabajo. De la póliza suscrita para los trabajadores de Acyco, este último intruso percibió 109.572,19 euros, y el acalde fallecido 113.480,72 euros.

En su escrito de acusación, la Junta de Andalucía no hace ninguna referencia al procedimiento por el que se concedieron las ayudas, después de que haya pedido el archivo de la pieza abierta por el denominado "procedimiento específico" en el que están procesados 26 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Con respecto al ERE de Acyco, la Fiscalía sostiene en su calificación que el mismo no estuvo precedido de la tramitación de expediente administrativo alguno ni de solicitud. Para la Fiscalía, que ha acusado a los 12 procesados, todos los encausados eran "conocedores de que había prescindido del procedimiento legalmente establecido, pues no se había presentado por la empresa Acyco ni por ninguna otra persona solicitud formal alguna para recibir la ayuda, no se había presentado por la empresa ninguna declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, no se realizó por la dirección general de Trabajo informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, así como la existencia de normativa reguladora". 

El Ministerio Público añade finalmente que “todos los encausados eran conocedores de que ni desde la dirección general de Trabajo ni desde la agencia IDEA se iba a hacer seguimiento alguno del cumplimiento del plan de inversiones y de futuro al que se hacía mención en el convenio firmado entre la empresa y la dirección general en el mes de octubre de 2003”.