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La recaudación de multas por delitos urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía es aún mínima. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha incoado 6.326 expedientes sancionadores por valor de 8,7 millones de euros entre 2005 y 2008. Sin embargo, hasta la actualidad el importe ingresado es de 1,6 millones de euros, tan sólo el 18% de lo requerido, según consta en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso esta redacción.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, vincula el importe satisfecho con las dificultades recaudatorias, en su opinión propias a este tipo de procesos, "con trámites complejos recurribles administrativa y judicialmente".

La consejera añade que de la cantidad restante a cobrar, hasta esos 8,7 millones de euros, 5,1 millones "se encuentran en diferentes estadios procedimentales" y otros 1,9 millones están en vía de apremio (vía elegida por las administraciones públicas para cobrar sea como sea y cuyo resultado final suele ser el de embargar al sancionado algún bien).

La Junta de Andalucía, alentada por los numerosos casos de ilegalidades urbanísticas en la comunidad -caso Malaya-, creó en 2005 una dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Este departamento concentra y gestiona las competencias sancionadoras y de control en estos ámbitos, que habían sido ampliadas en los últimos años con las nuevas leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

A esta dirección se adscribió el Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, funcionarios que se encargan de la tramitación de estos expedientes sancionadores. En octubre de 2008 tomaron posesión los primeros 25 inspectores tras el proceso de selección.

La previsión era alcanzar 50 inspectores en 2010. Meses después de la toma de posesión el PP denunció que estos 25 inspectores "habían presentado la renuncia". El entonces consejero de Vivienda, Juan Espadas, redujo a siete los funcionarios que habían presentado "excedencia voluntaria por motivos personales". Estos inspectores tienen la consideración de agentes de la autoridad y, entre sus funciones, se encuentra la de facilitar la máxima rapidez de decisión de los tribunales en aspectos como suspensiones cautelares de licencias de obras, autos o sentencias.

Sea vinculante o no la polémica con los funcionarios de disciplina urbanística, el montante ingresado por la Junta en estos ejercicios queda en evidencia en comparación con las cifras de algunos ayuntamientos. El de Málaga por ejemplo, que en 2009 recaudó cuatro millones de euros, el doble de lo previsto, y que permitirá este año dedicar más personal a seguir los expedientes de infracción, anunció el Ayuntamiento.

El control del urbanismo ilegal por parte de la Junta prosigue con todas las garantías, manifestaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que vincularon el montante ingresado "al margen que otorga la ley para que los ciudadanos recurran". Al tenerse que pagar obligatoriamente, los ciudadanos recurren, exponen. El último expediente analizado, que tramita la Consejería de Hacienda, destinará la recaudación a la compra de suelo para la construcción de VPO, añadieron las mismas fuentes.

A pesar de que algunos trámites se remontan a 2005, Obras Públicas y Vivienda asegura que ningun expediente ha prescrito o caducado.

Esta afirmación sorprende a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien en más de una decena de ocasiones ha preguntado sobre el control urbanístico de la Junta y los expedientes sancionadores.

"Es imposible que después de cinco años no haya prescrito nada; aquí puede haber una dejación de funciones por razones claramente partidistas", afirma categórica Ruiz-Sillero, abogada.

La diputada del PP ha preguntado en el Parlamento por cuántos de esos 1.636 expedientes han prescrito, el año en que se incoaron, el municipio al que se refiere y en cuáles localidades se ha cobrado, por si todos los ingresos proceden de una provincia o están repartidos. Sin éxito.

"Así podríamos observar si ha bajado el celo de la Junta en la persecución de este tipo de delitos y si hay más casos en alguna población concreta. Si por ejemplo se hubiera prevenido en Marbella, no estaría en la situación que está, pero la filosofía de la Junta es dejar pasar y no hacer nada", critica la popular. Los datos sobre provincias arrojan otras dudas para la diputada, como el escaso número de expedientes abiertos en Cádiz frente a Málaga (ver cuadro adjunto). A Ruiz-Sillero tampoco le convence que 5,1 millones de euros estén en diferentes estadios procedimentales. "O está cobrado, o ha prescrito o tiene el apremio. Un recurso no suspende el cobro del delito, igual que pasa con las multas de tráfico, eso lo sabemos todos, así que eso de los estadios, jurídicamente, no sé lo que es", subraya. Por eso la diputada acusa a la Junta de falta de transparencia y de ocultar datos.

El pasado marzo la Junta se armó de otro instrumento para controlar el urbanismo ilegal, el Reglamento de Disciplina Urbanística, el primero de estas características en España. La principal novedad de este reglamento es el denominado derribo exprés, que posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente. En las estadísticas de la Junta se anotan 118 expedientes de protección de la legalidad (demolición) en el periodo referido.