Elecciones Andalucía

Un corsé para la Administración andaluza

  • PSOE e IU perfilan su proyecto de Junta, pero sólo el PP se atreve a poner cifras

La estructura sobredimensionada adquirida en la etapa de vacas gordas por las administraciones autonómicas es un agujero por donde muchos recursos se escapan. Con el corsé del déficit, no cabe más que meter la tijera. El Gobierno ya se lo dijo bien claro a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de principios de año: hay que eliminar 450 organismos autónomos de los cerca de 4.000 existentes. El problema es cómo van a acatar esta exigencia los tres partidos que están en clave de gobierno en estas elecciones andaluzas. PSOE e IU son cautos. Hablan de una reforma de la Administración medida en términos de eficacia, trabajo por objetivos, trámites on line, pero nunca de desmantelamiento. Sólo el PP ha fijado su plan de adelgazamiento: en altos cargos y número de consejerías. Algo que, por otro lado, en parte ya lo puso en marcha el PSOE en la recta final de esta legislatura con una concentración de entidades.

Pero el quid no es tanto esa contracción de la estructura de la Junta sino saber cuáles son los planes reales con esa masa de empleados públicos. El martes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, lo dijo claro, con una de cal y dos de arena: los funcionarios no tienen nada que temer, pero las administraciones no son agencias de contratación y quien trabaja en un servicio público "se lo tiene que ganar como todos los españoles". Otra cosa son los interinos y el personal laboral y eventual. Los sindicatos ya ven que se cierne sobre ellos una amenaza con la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas que planea el Gobierno central (UGT calcula la pérdida de 80.000 puestos en Andalucía).

Javier Arenas parece haber dado, al menos verbalmente, pero no programa en mano, con una solución. A lo largo y ancho de Andalucía, ha dicho que ante el temor al despido que se estaba inculcando por los directivos de las empresas públicas a sus plantillas, claramente con fines electorales en contra del PP, la respuesta es la tranquilidad. Quienes tienen que tener miedo son quienes están en las cúpulas y no en el que está en la base piramidal de la organización, se ha hartado de repetir. Esa reducción de la Junta, por tanto, se quedaría en las capas altas y con cifras concretas: afectaría al 50% de los altos cargos actuales y en la primera semana de su gobierno, si gana el próximo domingo. Pero eso ya lo ha empezó a hacer su principal rival en el Gobierno, José Antonio Griñán.

La diferencia está en que lo que sí parece estar dispuesto a acometer es una reducción más drástica que Griñán en el número de delegados provinciales. También ha dado cifras. La reducción de la estructura de la Junta a nueve o diez consejerías, en lugar de las trece actuales, ya conllevaría la eliminación de unos cuantos delegados. Pero su intención es ir a más. Quiere que de los cerca de 200 delegados provinciales que hay en la actualidad se pase a unos 56. Su propuesta pasa por la condensación de competencias en siete bloques. Así habría un delegado de justicia, administración y gobierno local: otro para economía, hacienda, comercio y turismo; otro para educación, cultura y deporte; uno más para obras públicas, ordenación del territorio y medio ambiente; otro para salud y bienestar social; uno para agricultura, ganadería y pesca, y un delegado más para oportunidades y empleo.

Con este esquema, Arenas le da una lección a Griñán. Porque éste, en su discurso de investidura de la primavera de 2009, ya prometió esta reducción. No ha querido o no ha podido hacerlo. Los delegados provinciales de cada consejería se han convertido en Andalucía en una suerte de espacio de poder para mantener ese equilibrio territorial del PSOE que diseñó su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

Por eso la propuesta del candidato socialista en materia de racionalización administrativa ya no tiene en el punto de mira a los altos cargos. En parte porque no pudo hacer todo lo que quería y, en parte, porque cree que su eliminación está bien, de hecho su Gobierno la ha impulsado, pero en el fondo no es más que un gesto ante un electorado escandalizado por tanto alto cargo y tanto salario desbordado que salen de sus bolsillo, pero la realidad es que el ahorro que supone suprimirlos no es tanto. De acuerdo con los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el plan de reordenación del sector público ha supuesto la reducción al 48% de la estructura de entes públicos -de los 254 existentes se eliminaron 111 que se concentraron en 8 agencias públicas- y la eliminación de 166 altos cargos, con un ahorro de 100 millones entre 2011 y 2013. Una cifra poco significativa si se atiende a que el presupuesto andaluz de 2012 alcanza los 32.000 millones.

La propuesta recogida en el programa electoral socialista en este capítulo se centra en el avance hacia una administración digital y en reducción de trámites para el ciudadano, pero que eso no lleve implícito desarbolar la estructura actual, ya que "el debilitamiento de lo público tiene incidencia directa en al aparición de desigualdad en la sociedad; su fortalecimiento es garantía del mantenimiento del estado del bienestar". Por tanto, más allá de una compresión de organismos, no parece que el PSOE vaya a hacer nada más.

Un capítulo aparte es el que merece el capítulo del personal. Su decreto, y luego ley de reordenación del sector público se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza en esta recta final de legislatura, con miles de funcionarios en la calle denunciando esta "ley de enchufismo" por su equiparación con el resto de personal no funcionario procedente de las empresas públicas. En el programa, el PSOE quiere "reforzar su compromiso" con el empleo público, es decir, no lo tocará, y se centran la mejora de la profesionalización y establecer garantías de que el personal de alta dirección acredite una formación de excelencia.

IU plantea que los principios deben regir son la calidad, la igualdad y la universalidad, y defiende a capa y espada la creación de empleo público. Pero lo que también tiene claro es que cuando la administración tenga recursos y personal suficiente, no puede derivar competencias a las agencias, para impedir que se conviertan en el coladero que suelen ser. Por eso, pone el dedo en la llaga y plantea un único modelo de agencia pública, la agencia pública administrativa frente a los tres existentes, una sola relación de puestos de trabajo y que el personal directivo de las agencias sea elegido por convocatoria pública en BOJA. También los límites se impondrán a estas agencias en sus cuentas, que deberán estar integradas en el presupuesto de la Junta, deberán mantener informado al Parlamento y estarán obligadas a remitirlas anualmente a la Cámara de Cuentas.

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