Economía

El gasto social en Andalucía es casi un 10% inferior a la media nacional

  • La inversión per cápita en educación supera la media pero es la peor de España en sanidad

Las diferencias entre comunidades autónomas en gasto público por habitante en educación, sanidad y protección social alcanzaron el 60% en 2013. Andalucía está entre las regiones españolas con menos gasto per cápita, con 5.659 euros en estas políticas frente a una media nacional de 6.230 euros. Estos datos se recogen en el estudio Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), presentado ayer en Valencia y que recoge datos territorializados.

Según el informe, Andalucía se sitúa entre las comunidades autónomas con más gasto per cápita en educación en España y se mantiene, junto con Extremadura y Murcia, entre las que más porcentaje de PIB han destinado a esta materia entre los años 2007 y 2013.

De hecho, los porcentajes superiores de gasto educativo en relación al PIB corresponden a comunidades con bajos niveles de renta, mientras que algunas de mayor nivel -excluidas las forales- presentan bajos porcentajes. Esto indica, según el informe, que un servicio básico como la educación se presta en España en condiciones que no dependen sólo de las rentas de cada territorio.

Las diferencias entre regiones son menores en salud, aunque la disparidad llega hasta los 43 puntos porcentuales. En este caso, Andalucía está entre las comunidades con menor gasto en salud por habitante, con 1.182 euros, un 11,5% por debajo del conjunto de España.

También se aprecian importantes diferencias en el gasto en protección social (pensiones, desempleo, dependencia y servicios sociales, gestionado en su mayoría por la Administración central y la Seguridad Social). Andalucía, con 3.517 euros per cápita, está por debajo de la media nacional, fijada en 3.958 euros, casi un 10% más. La tendencia en el gasto per capita en protección social es creciente desde el año 2002. Sin embargo, 2011 y 2012 se inició un descenso como consecuencia de las políticas de austeridad, si bien en 2013 se mantuvieron los niveles de gasto o repuntaron ligeramente.

Según el estudio del BBVA, la distancia entre autonomías en gasto por habitante llega a 55 puntos porcentuales en educación, a 37 en sanidad y a 87 en protección social. El gasto en estos servicios públicos fundamentales representa el 60% del gasto público total y un 41% lo realizan las CCAA, mientras que el 40% restante corresponde a la Seguridad Social, según precisó ayer Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de Valencia y director de investigación del IVIE.

Pérez señaló que durante la crisis las imágenes del gasto en servicios públicos "reflejan luces y sombras": por una parte, el sector público ha hecho un esfuerzo por mantener el gasto social (en 2013 se dedicó a los servicios sociales un 28% del PIB frente al 23% de 2007). Pero, por otra, el gasto real por habitante se ha reducido (un 21% en sanidad y un 22% en educación desde 2009), los dos servicios gestionados por las comunidades autónomas.

Los autores del informe han insistido en que las diferencias de gasto entre las comunidades no se explican por las distintas necesidades derivadas de factores como el porcentaje de niños o ancianos o la dispersión de la población. De hecho, no siempre las regiones con más necesidades por habitante gastan más.

Esas desigualdades se explican por razones históricas o políticas, como la foralidad (País Vasco y Navarra) o la valoración que se hizo en su momento de las competencias transferidas. Para mitigar estas desigualdades, proponen que, en los años de bonanza, se cree un fondo de provisión para estos servicios públicos fundamentales, similar al fondo de reserva de las pensiones que ya existe.

El profesor subrayó que las diferencias territoriales de gasto público "no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos" entre los ciudadanos en función de donde residan. Además, incidió en que los esfuerzos por preservar los servicios públicos fundamentales no han evitado las caídas del gasto por habitante, que es "lo que está detrás del malestar social".

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