El Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de UPyD para reformar el régimen legal del indulto en una Comisión de Justicia en la que el PP ha dicho que es voluntad del Gobierno hacer unos análisis más rigurosos de los procesos susceptibles de aplicar esta medida.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha defendido una iniciativa que pretendía establecer un mecanismo de control parlamentario de los indultos, introducir reformas para que "dejen de usarse de forma arbitraria" y establecer la posibilidad de recurrirlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, iniciativa que ha contado con el apoyo del PSOE y de Izquierda Plural. El diputado socialista Julio Villarrubia ha advertido de la necesidad de dar una señal a la sociedad de lucha inequívoca contra la corrupción "gobierne quien gobierne" y evitar la sensación de impunidad de los delincuentes de "cuello blanco". El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha planteado incluso que se exceptúen los "delitos políticos" de los susceptibles de ser indultados para evitar una "válvula de escape de la corrupción".

Por su parte, el diputado del PP Francisco Molinero ha recordado que ya existe control parlamentario de las decisiones del Gobierno a través de las interpelaciones y las preguntas y que países de nuestro entorno como Francia, Alemania e Italia tampoco atribuyen competencia alguna a sus parlamentos en esta materia. Ha aclarado que de todos los indultos que se solicitan solo se concede el 7 por ciento y que todos están motivados por el propio texto de la resolución y por la documentación del expediente, incluidos los preceptivos informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. Además, para el representante popular la posibilidad de recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa planteada por UPyD es inconstitucional porque equivale a suprimir la prerrogativa de gracia que la Carta Magna atribuye al Gobierno.