Los nueve integrantes del movimiento 15-M que resultaron lesionados el pasado domingo a las puertas del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Capuchinos por varios agentes de la Policía Nacional presentaron ayer su denuncia ante estos hechos en los juzgados de la capital. Según informó un abogado y miembro de este colectivo a Europa Press, se encontraban reunidos en una asamblea "legalmente convocada, que no estaba cortando el tráfico ni producía ninguna alteración del orden público". Además, "a las 9:00 nos comprometíamos a levantarnos e irnos", por lo que "tan sólo les pedíamos que la respetaran", manifestó.

Además, el objeto de esta reunión era pedir, tal y como informaron a los agentes, la admisión a trámite de la solicitud de asilo de Sid Hamed Bouziane, "un joven argelino que está amenazado de muerte y que, en el caso de ser deportado, será asesinado en su país", advirtió. "Nosotros somos totalmente pacíficos, no opusimos ninguna resistencia activa, simplemente estábamos sentados y ellos nos golpearon, nos pisaron la cara, nos pusieron la rodilla en el cuello, nos pegaron puñetazos en la cara y, después, nos tiraron escaleras abajo como si fuéramos sacos de patata", según el integrante del 15-M. Por tanto, "en primer lugar esperamos que la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen de forma proporcionada y bajo el principio de menor lesividad", al tiempo que "proponemos que lo que tienen que hacer las autoridades es escuchar y, en el caso de que sean manifestaciones y reclamaciones legítimas, hacernos caso".

Tras este incidente, el movimiento de indignados no va a cambiar su actitud, "totalmente pacífica", aunque, respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "sabemos que han cambiado y a partir de ahora van a reprimir con violencia toda clase de manifestación". "Va a haber mano dura contra las personas que protesten", agregaron.