Las Administraciones Públicas se han marcado el reto de reducir el gasto sea como sea pero, como suele ocurrir, han metido dentro de ese saco a las inversiones, que son las que generan empleo, producen confianza, elevan el consumo final de los hogares y reactivan la economía. Los datos oficiales son abrumadores y muestran que la inversión en obra pública por habitante en Málaga ha disminuido casi siete veces en apenas cuatro años.

La coyuntura actual es radicalmente distinta a la de 2007, pasándose del blanco al negro casi sin respirar, sin ninguna escala gris. Las administraciones centrales, autonómica y local han licitado proyectos -tanto de edificación como de obra civil- por valor de 230,2 millones de euros entre enero y agosto del presente año, según el último informe mensual publicado por la patronal constructora española Seopan (ver tabla anexa). Es el menor volumen en ese mismo periodo desde el año 2000, cuando se licitaron obras por un montante de 148,2 millones de euros, y está a años luz de los registros obtenidos en 2007, el año récord con un volumen total de licitaciones públicas en la provincia de 1.469,2 millones de euros de los cuales hasta agosto ya se habían comprometido 1.080,9 millones.

Si se hace una comparativa por ciudadano, la diferencia inversora es más que llamativa. En 2007, la inversión pública comprometida por habitante era de 968,2 euros, casi siete veces más que los escasos 143,8 euros por persona del presente ejercicio. El 2007 fue el año en el que se licitó una buena parte de la ampliación del aeropuerto, la construcción de la T3 que se puso en servicio el pasado año. En 2011 no hay grandes proyectos a la vista. "En 2010 y 2011 está cayendo la obra pública porque ninguna administración tiene dinero pero no solo para iniciar nuevas obras sino simplemente para terminar las que ya están en marcha", denuncia José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

Prado subraya que la caja pública "está vacía" y critica que eso no sólo impide la realización de nuevos proyectos sino que está aumentando los niveles de morosidad con las empresas, haciendo más difícil su supervivencia. El presidente de la ACP afirma que las administraciones públicas deben 210 millones de euros a las constructoras malagueñas pero "la tragedia no es que te deban ese dinero, que también, sino que cuando entregamos la certificación de la entrega de la obra tenemos que pagar el 18% de IVA a Hacienda, una cantidad que ya asciende a 38 millones de euros, aunque no hayamos cobrado nada". Prado destaca que ha habido un cierto repunte en la venta de viviendas pero que los promotores no harán nuevas hasta que no se elimine todo el stock. Si la obra pública está por los suelos, la suma da un sector con una escasa actividad hasta al menos 2013 en el que, según el representante de la patronal, "el número de parados va a seguir subiendo hasta las 75.000 personas".

Antonio Herrera, secretario general provincial de CCOO, advierte que "se están poniendo en peligro grandes obras y eso repercutirá en el empleo", a la vez que denuncia la "tremenda política de recortes" llevada a cabo por los gobiernos regionales tanto en materia de licitación de obra pública como de sanidad, educación o dependencia. "Todo esto va a retrasar al menos cuatro años la salida de la crisis económica", lamenta Herrera, quien tilda a las grandes empresas constructoras de "irresponsables".

La T3, el Metro, el AVE, la hiperronda, la autopista de Las Pedrizas, la remodelación del puerto... El empuje dado a las infraestructuras en Málaga en la última década es incuestionable y así se refleja en la evolución de las licitaciones, que superaron los 1.000 millones de euros en la provincia durante cinco años consecutivos. Ahora ha perdido fuelle y eso "preocupa" a Jerónimo Pérez Casero, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. "Habrá que ver qué administraciones son las que menos licitan pero está claro que este año será malo para Málaga, por lo que mi valoración solo puede ser pesimista y negativa", indica.

Las Administraciones han lanzado mensajes claros: van a invertir cada vez menos y el ciudadano tendrá que pagar cada vez más por cualquier servicio. Es el duro reajuste del que vienen los economistas hablando desde hace dos años. Las grandes obras tendrán que esperar otro ciclo de ensueño, si es que llega.