Cada vez más familias sacan al abuelo de la residencia para vivir con su pensión

El aumento de las dificultades económicas y del paro fuerzan a muchos familiares no solo a prescindir del gasto del asilo sino a recurrir a los ingresos de sus mayores · La tendencia se ha agudizado en los últimos dos años

Leonor García / Málaga | Actualizado 13.08.2012 - 01:00
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Mujeres mayores en una calle de Málaga.

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Hay más paro, más impuestos y menos ingresos. A muchas familias no les cuadran las cuentas y la pensión del abuelo se ha convertido para muchas en la tabla de salvación. Por eso, desde hace un par de años se está detectando que hay unidades familiares que sacan a sus mayores de las residencias de la tercera edad para salir adelante con sus ingresos. No hay datos, pero distintos profesionales confirman esta realidad. "Todos los meses se nos va algún mayor por motivos económicos de sus familiares, para ayudar", apuntaba la responsable de una residencia. La tendencia se ha agudizado a medida que se ahonda la crisis. "Al estar desempleados, ahora pueden cuidar de los abuelos y vivir de su pensión y de la ayuda de la Ley de Dependencia", resumía Belén Echevarría, directora de Andalucía de Ballesol.

La situación se da entre los mayores que tienen pensiones medias o altas. Una jubilación de 800 euros sumada a unos 400 si el anciano tiene concedida la ayuda de la Ley de Dependencia suponen unos 1.200 euros mensuales que dan para que una familia salga de un aprieto económico. "A la mayoría le cuesta reconocer que la familia está pasando por problemas económicos porque lo considera un fracaso", aseguraba Echavarría.

Los profesionales del sector aseguran que a los que cobran pensiones bajas no los sacan. Luis Plaza, responsable del asilo Nuestra Señora de los Ángeles, apunta que esa es la causa de que no retiren a ancianos de su centro; sus reducidos recursos. No obstante, confirma que la situación se está dando en muchas residencias y cita el caso de un hombre que se quedó en paro tras 40 años de trabajo que tuvo que sacar a su madre con alzheimer de la residencia en la que estaba ingresada. "Se sentía avergonzado, pero con la pensión del abuelo está viviendo la familia", afirmaba. Los que más vuelven a casa son los usuarios privados que abonan la factura de su bolsillo. Y la cuidadora que se hace cargo suele ser muchas veces una mujer de la unidad familiar mayor de 50 años y desempleada o una inmigrante contratada por la familia.

Pero no es el único efecto de la crisis. Unas familias sacan a los abuelos del asilo y otras no los meten. La demanda ha bajado. Porque ahora las unidades familiares tienen menos dinero y más tiempo para cuidarlos. "Cuesta más que otros años mantener los niveles de ocupación", reconoce Echevarría. La directora de otra residencia que prefirió permanecer en el anonimato añadía una tercera consecuencia de la crisis. La de las familias que sacan a los ancianos de un asilo de más calidad, y por lo tanto más costoso, para meterlo en otros más baratos, pero con peores servicios. La diferencia la destinan a cubrir los gastos familiares. En su opinión, los familiares que más se preocupan por el mayor son los que -ante problemas económicos o de desempleo- se lo llevan a casa para cuidarlos directamente. "Igual que ocurre con los niños, que ahora los llevan menos a las guarderías porque las familias tienen más tiempo para cuidarlos y menos dinero para gastar", añadía. Pero acotaba que los que se interesan menos por el bienestar del abuelo suelen pasarlos a residencias de menor calidad.


Así, los ancianos que tienen más suerte, se convierten en el salvavidas de sus familiares, pero están bien cuidados. Otros, en cambio, están expuestos a abusos de su propia familia justamente porque tienen un ingreso. Una plaza en una residencia puede costar entre 1.000 y casi 3.000 euros; depende de los servicios que ofrezca y de la dependencia del mayor. La Junta de Andalucía cubre fundamentalmente las necesidades de los ancianos con menos recursos, que no pueden permitirse esos costes y que pagan el 75% de su pensión, aunque sea solo una no contributiva de 340 euros. Los profesionales del sector denuncian que ante la caída de la demanda, algunos centros están bajando precios y recurriendo a competencia desleal o publicidad engañosa para amortiguar los efectos de la crisis.
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