El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP) se enfrenta a un nuevo procedimiento judicial. En esta ocasión la Fiscalía de Málaga le pide nueve años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público por nueve delitos de prevaricación urbanística, y 27 meses de cárcel, una multa de 18 meses e inhabilitación de dos años para profesión u oficio relacionado con la construcción por tres delitos de una construcción supuestamente ilegal.

La promotora de las obras y el arquitecto municipal del Ayuntamiento, E. A. Y., se enfrentan a los mismos delitos y penas que López Cerezo, mientras que tres concejales del entonces equipo de gobierno del municipio están acusados por siete delitos de prevaricación urbanística, respectivamente para dos de ellos, y otro, a ocho delitos por la misma causa. Es, al menos, la décima causa judicial por un delito urbanístico por el que es juzgado el ex regidor en los últimos años, que está inhabilitado desde que en marzo de 2008 la Audiencia de Málaga confirmó una sentencia de un juzgado de lo penal también por el mismo delito. Aunque fue condenado también ese año, otra en 2011, una más en 2012 y la última en septiembre de este mismo año.

En este nuevo caso los hechos se remontan al periodo entre los años 2004 y 2007 cuando una particular -la promotora de las obras- presentó en el Ayuntamiento de Cómpeta una solicitud para edificar nueve viviendas unifamiliares supuestamente vinculadas a destino agrícola en un suelo no urbanizable. El escrito de acusación formulado por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, precisa que el entonces alcalde del PP otorgó licencia municipal a cada una de ellas "cuando en realidad eran viviendas residenciales de venta para extranjera". De hecho, tres de ellas llegaron a venderse a ciudadanos de otros países, mientras que el resto aún estaban en construcción cuando la unidad adscrita a la comunidad autónoma andaluza de la Policía Nacional denunció los hechos.

El escrito de acusación, remitido al juzgado de instrucción número 2 de Torrox, relata que el arquitecto municipal informó de forma favorable en el caso de las nueve viviendas "a sabiendas de que no iban a destinarse a uso agrícola". Aunque en esta causa, sólo se juzgará la autorización de tres de ellas, ya que en el caso de las otras seis el delito ha prescrito ya.

En cuanto a los tres concejales, el ministerio público los acusa según la distinta implicación que presuntamente tuvo cada uno de ellos en la concesión de las licencias de las nueve viviendas con su voto favorable en las distintas juntas de gobierno local donde se aprobaron. Por ello, se enfrentan también a un año de prisión por cada uno de los delitos de prevaricación urbanística que se les imputa y a diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Leovigildo López fue 12 años alcalde de la población malagueña de Canillas de Albaida y 16 en Cómpeta -los 28 de forma ininterrumpida- y renunció a presentarse como candidato en las pasadas municipales de 2007. Además de las condenas que ya acumula el ex alcalde, tanto el arquitecto municipal como los tres ediles implicados en este caso tienen una condena anterior por otro delito urbanístico.