La utilidad real del programa impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para comprar viviendas y destinarlas a familias en riesgo de exclusión social se antoja más que limitada. Los números reconocidos por el equipo de gobierno del PP en un documento firmado por el propio alcalde, Francisco de la Torre, reflejan que la inversión de 500.000 euros reservados para este plan apenas va a permitir dar respuesta al 5% de la demanda existente en la actualidad.

De hecho, en el citado escrito, fechado el pasado 26 de febrero, se reconoce la existencia de una "lista de espera" de 363 familias por parte de la comisión encargada de seleccionar a las familias con especiales necesidades. Ello supone una bolsa de reclamantes muy superior a la capacidad de respuesta municipal con esta acción inmobiliaria, que podría permitir la compra de unos quince o veinte pisos. La asunción de esta lista de espera contrasta con la información aportada el pasado 20 de febrero por el propio regidor, cuando interpelado por la existencia de un listado de estas características, dijo que no se contaba con el mismo.

Se da la circunstancia de que una de las exigencias marcadas en el pliego de condiciones que regirá el concurso público para la adquisición de estas viviendas es que el precio máximo de las mismas será de 50.000 euros. Con esta consideración, el conjunto residencial será de un mínimo de diez viviendas, si bien en el seno del equipo de gobierno del PP se considera factible ampliar la cifra con inmuebles de precio inferior.

A pesar de las limitaciones del mecanismo, De la Torre lo avaló en su presentación, incidiendo en que se trata de una vía complementaria a la que habitualmente emplea el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para responder a las necesidades de estas familias. El organismo municipal realiza en este sentido una labor importante para localizar dentro del parque residencial público pisos sociales vacíos u ocupados de forma irregular. Una tarea que, según los responsables del ente, suele permitir disponer, de media, de unos cinco pisos cada mes.

Sin embargo, este procedimiento se entiende a día de hoy insuficiente. Más cuando, según reconocen desde el IMV, "todas las viviendas de su titularidad están actualmente ocupadas". A esta traba se añade la incapacidad del Consistorio para poner en carga nuevos proyectos de Vivienda de Protección Oficial (VPO) con los que resarcir a estas familias. Un ejemplo de esta problemática es la promoción Universidad, con capacidad para 1.001 viviendas sociales, la gran mayoría en régimen de alquiler. La que sería la segunda gran intervención en materia de VPO en la capital de la Costa del Sol, tras Soliva, sigue sin arrancar ante la negativa de los bancos a facilitar los préstamos necesarios para ejecutar una obra valorada en cerca de 100 millones de euros.

Los inmuebles que sean finalmente adquiridos se destinarán al denominado Plan FRES (Familias en Riesgo de Exclusión Social), que permite justamente que familias con necesidad urgente de vivienda accedan a una casa. En concreto, la intención es ofrecerlos en régimen de alquiler social, con una mensualidad entre 150 y 200 euros. Este programa, desde su puesta en marcha, en 2011, ha dado respuesta a 215 familias.

Para dar vía libre a esta intervención, el Consejo Rector del IMV tiene previsto aprobar este martes el pliego de condiciones que regirá el concurso público. El mismo detalla las características que han de tener los inmuebles para ser ofertados al procedimiento. Al valor máximo de 50.000 euros se añaden otras consideraciones, tales como que deben ser viviendas de dos o más dormitorios, con salón, cocina y al menos un baño con lavabo, inodoro y bañera o ducha; todas las habitaciones han de tener ventana al exterior o un patio interior; la antigüedad del edificio no puede ser superior a los 50 años; las cuotas de la comunidad no podrán exceder los 50 euros mensuales. Asimismo, se exige que los edificios donde se ubiquen los pisos dispongan de ascensor; las viviendas deben estar libres de arrendatarios, ocupantes y precaristas y tienen que estar adaptadas.

En el marco de este concurso, al que pueden concurrir desde particulares hasta promotoras e incluso entidades bancarias, los técnicos del IMV incluyen un informe de valor de mercado conforme a las condiciones fijadas en el pliego. Tras emplear el método de comparación, el más utilizado en las valoraciones inmobiliarias y analizados 23 inmuebles de la ciudad, el informe concluye con un precio medio de referencia de 683 euros el metro cuadrado construido.

La cifra difiere sustancialmente de los valores recogidos en las estadísticas del Ministerio de Fomento del último trimestre de 2013. En las mismas, el precio medio de una vivienda libre nueva en la capital es de 1.539 euros, mientras que en el caso de viviendas con más de dos años de antigüedad la cuantía cae hasta los 1.313 euros. En cualquier caso, una búsqueda en uno de los portales inmobiliarios más conocidos de internet, idealista.com, permite localizar 33 viviendas que cumplen las condiciones máximas exigidas por el Consistorio.

En el proceso de valoración de las ofertas se tendrá especialmente en cuenta la cuestión económica. De hecho, la propuesta económica recibe hasta 70 puntos, en función del valor de los inmuebles; a este apartado se añade el del estado de conservación del inmueble, con hasta 30 puntos. Esta puntuación se otorgará a la categoría de estado "muy bueno", rebajándose la puntuación a 20 si el estado es "bueno" y a 10, en caso de ser un estado "regular".