La parte malagueña con la que el Gobierno central pretendía saldar la denominada deuda histórica con Andalucía sigue sin cobrar. El antiguo edificio de Correos, situado en la antesala del centro histórico de la ciudad, no solo sigue sin aportar un solo euro a las arcas autonómicas, tras casi cuatro años en el mercado para su enajenación, sino que está consumiendo una cuota de las mismas.

A los gastos derivados del mantenimiento y vigilancia necesarios para un inmueble de estas características, se añaden las obligaciones tributarias a las que ha de hacer frente el Gobierno regional. Solo en lo que al Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) se refiere, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, la suma alcanzó el pasado año la nada despreciable cantidad de 93.735,75 euros. Un montante que de extrapolarse a los cuatro ejercicios que el inmueble lleva ya en manos de la Administración regional supondría unos 370.000 euros. Un valor, no obstante, lejos de los cerca de 400.000 euros anuales que se abonan por el hospital Costa del Sol, en Marbella, o los 700.000 de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

El 19 de marzo de 2010 fue cuando se dio a conocer el acuerdo entre los gobiernos central y andaluz para saldar la deuda histórica con la región mediante, entre otros conceptos, el traspaso de la propiedad de una serie de inmuebles de titularidad estatal. En el paquete figuraba la que por aquel entonces era la sede principal de Correos en la capital de la Costa del Sol, al que se le otorgaba un valor de unos 30 millones de euros.

Con la propiedad del mismo, la Junta apuntaba directamente a su venta con el fin de que la operación reportase una vía de financiación directa para nuevas inversiones en la comunidad. Pero nunca hubo un procedimiento abierto a la presentación de ofertas, sino un mecanismo de negociación con posibles interesados en su adquisición. Vía que sigue sin dar fruto alguno.

Aunque ello no esconde que el emplazamiento ha despertado el interés de empresas e inversores. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, apunta en esta dirección y confirma que a finales del pasado año hubo varios grupos que preguntaron por el inmueble. "Han llegado a visitarlo", comentó, si bien fue claro al afirmar que no hay una propuesta en firme por parte de ninguno de los potenciales compradores. "Imagino que tras recibir la información estarán estudiando la propuesta", expuso.

En estos contactos, añadió, se les aportó datos sobre el edificio, sobre los 17.000 metros cuadrados construidos que tiene, sobre el precio de tasación existente y sobre el uso permitido en el espacio, algo que Espejo consideró "trascendente a la hora de plantear cualquier actuación". En relación con las pretensiones de las empresas interesadas, aludió a que se trataría de proyectos hoteleros o comerciales. "Al ser equipamiento público tiene limitaciones", insistió, al tiempo que comentó la disposición de la Dirección General de Patrimonio de la Junta solicitar un cambio de uso en el suelo "si se observa que hay un interés real".

Lo que parece descartada es la opción de que sea la propia Administración andaluza la que dé uso de forma directa, albergando en el mismo varias de sus dependencias. Una opción que pudo barajarse cuando el edificio, que data de 1980, pasó a sus manos, dado que estaba abierto el debate sobre la posible construcción de una macrosede para concentrar algunas de sus delegaciones provinciales.

Hasta la fecha, la Junta ha sido incapaz de encontrar un inversor dispuesto a desembolsar los entre 28 y 30 millones de euros en los que está tasado el inmueble. Varias son las trabas principales. A la importante suma económica a depositar se añade la necesidad de desembolsar otros 11 millones de euros para rehabilitarlo, cifra coincidente con la que en 2008 manejó la Administración central, cuando no sólo proyectó sino que además adjudicó la obra para su restauración. Intervención anulada posteriormente.

A esta hay que agregar la actual calificación del terreno, considerado en el planeamiento urbanístico de la ciudad como suelo para Servicio de Interés Público y Social, acotando de forma evidente los posibles destinos de la construcción. Es decir, que para pensar en la posible adecuación del inmueble como hotel o para oficinas sería preciso, con carácter previo, tramitar una modificación del Plan General. Y ello necesita de la colaboración directa del Ayuntamiento de la ciudad.