Cinco de las empresas que están siendo investigadas por la Policía Nacional y la Fiscalía por el supuesto fraude en el cobro de subvenciones relacionadas con cursos de formación para desempleados recibieron las ayudas al poco tiempo de crearse. Una de ellas, incluso, obtuvo subvenciones por partida doble de 63.858 y 79.950 euros respectivamente con cargo al programa de formación profesional ocupacional 32D del Servicio Andaluz de Empleo correspondientes al 2007 y 2010, cuando la empresa fue constituida como tal el 4 de octubre de 2007. Se da la circunstancia de que esta compañía solo ha presentado sus cuentas anuales en 2008 según los datos del Registro Mercantil aunque podría superar los 300.000 euros de facturación y tener una decena de empleados.

Hay otras cuatro firmas que se constituyeron en 2009 y recibieron cuantiosas subvenciones en 2010. Una de ellas fue constituida en marzo de 2009 y, apenas unos meses después, consiguió una ayuda de 131.625 euros. Esta empresa es una sociedad limitada, tiene un capital social de 3.006 euros y nunca ha publicado sus cuentas en el Registro Mercantil. Otra de ellas se constituyó en mayo, tampoco ha publicado nunca sus cuentas, tiene también un capital de 3.006 euros y, en esta ocasión, obtuvo con cargo al programa de 2010 una subvención de 63.000 euros. La tercera de estas compañías se constituyó el 12 de enero de 2009 y en 2010 consiguió casi 80.000 euros. Según el Registro Mercantil, esta sociedad limitada nunca ha presentado sus cuentas pese a que factura más de 300.000 euros.

Es llamativo que, pese a que han recibido dinero público, varias de las empresas que están siendo investigadas llevan varios años sin publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. De hecho, algunas no lo han hecho nunca desde que fueron constituidas y solo tres, de las 17 que están siendo objeto de estudio, las presentaron el año pasado con los datos correspondientes a 2012. Fuentes consultadas por este diario explican que no todas las sociedades limitadas tienen que presentar obligatoriamente sus cuentas ya que depende de una serie de requisitos, aunque sí subrayan que lo normal es hacerlo por transparencia. El objetivo marcado por la ley es que cualquier persona pueda tener un acceso directo a la información de cualquier empresa y su situación financiera y, de no hacerse, se están ocultando datos a los posibles socios, clientes o acreedores. Se repite el hecho en varias de las firmas investigadas, que se constituyeron precisamente en 2009, un año antes de que recibieran las ayudas que están siendo objeto de análisis por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Hay otras empresas que sí han mostrado cierta actividad en el registro mercantil, pero que no llevan sus depósitos al día.

Las cantidades subvencionadas que están siendo objeto de investigación oscilan entre los 60.000 y los 150.000 euros. El objetivo de estas ayudas era fomentar la creación de cursos de formación para personas en paro y las empresas que se ofrecían a realizarlos se comprometían a contratar, al menos durante seis meses, al 60% de los alumnos. La Seguridad Social detectó que muchos de estos estudiantes que supuestamente tenían que haber sido contratados no estaban dados de alta y, tirando del hilo, aparecieron varios nombres de empresas o academias que fueron puestos en conocimiento de la UDEF. La Policía ha hecho un informe preliminar, ha tomado declaración a unas 250 personas, entre las que se encuentran los supuestos alumnos, y trabaja en colaboración con la Fiscalía de Málaga, aunque todavía no ha llegado al juzgado. Fuentes de la Fiscalía esperan poder llevarlo antes del verano. No ha habido, por tanto, ningún detenido ni imputado por el momento.

Se ha puesto la lupa en 17 empresas -todas de Málaga salvo una de Cádiz y otra de Granada- y se estima que el fraude, de existir, sumaría unos 1,5 millones de euros. La Junta concede el 75% de la subvención por adelantado y el 25% restante cuando se acredita la finalización del curso y la contratación. La Policía cree que muchos de estas empresas no cumplieron tales requisitos y que incluso algunas de ellas no hicieron ni los cursos, aunque sí cobraron ese 75% de subvención. Los presuntos delitos investigados son fraude en subvenciones y falsedad.

Entre las empresas analizadas hay una especializada en carpintería, otra en peluquería, una que, según su objeto social, se dedica al alquiler de maquinaria y equipo de oficina, o una autónoma cuya actividad oficial es el comercio al por menor de aparatos electrodomésticos. Varias de estas compañías tienen menos de cinco empleados y escasas ventas.