Josefa Moreno, la madre de Domingo Expósito, el hombre que el pasado mes de junio murió tiroteado en la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia unos días antes de regresar a España con su hija, presentó el jueves una denuncia contra Nadia Kessen, ex pareja de éste y madre de la niña que tenían en común por haber cometido, presuntamente, varios delitos, entre los que destacan la sustracción internacional de menores. Y para ello, la familia argumenta que la progenitora se llevó a la pequeña de España "sin conocimiento ni autorización del padre y sin permiso judicial".

En el escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción de Fuengirola en funciones de guardia, se solicita, como medida cautelar, la suspensión de la patria potestad a la madre y que se le otorgue a la abuela materna, que es la propia denunciante. Pide también que la pequeña, de 6 años, sea puesta a disposición de los servicios sociales y devuelta a España, su país de origen.

Otro de los supuestos delitos cometidos por Nadia Kessen y que también figuran en la denuncia es el del incumplimiento grave de un deber establecido en una resolución judicial, en tanto que la sentencia de guarda y custodia establecía cuestiones como que la niña fuera entregada al padre, lo que "fue reiteradamente incumplido por parte de la madre", precisó el abogado de la familia paterna, Manuel Huertas.

En la denuncia, Josefa Moreno reclama además que se tome declaración en un juzgado argentino sobre los hechos acaecidos a la ex pareja de Domingo Expósito y que, en caso de que no compareciera sin presentar la debida justificación, que se emita una orden internacional de detención con solicitud de extradición a España.

Habría, según Huertas, un tecrer delito: el del impago de pensión de alimentos, que no se incluye en esta denuncia al no tener legitimación activa la familia de Domingo Expósito, puesto que no ostenta la representación legal de la niña. Pese a ello, espera que este asunto sea tenido en cuenta por la Fiscalía. En palabras del letrado, la sustracción internacional de menores y el incumplimiento de resoluciones judiciales conllevarían una pena de hasta cuatro años de prisión, además de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad por un tiempo de hasta 10 años.