El presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, afirma que tiene un comprador para la promotora dispuesto a asumir el convenio de viabilidad que hoy pone sobre la mesa a sus cientos de acreedores. Justo en el segundo en el que se decide el final de una compañía emblema tanto del boom como del bluff del ladrillo, asegura que tiene conversaciones avanzadas con el empresario latinoamericano Emilio Noseda para que se haga con el control de la empresa y le inyecte la liquidez que necesita para sacarla a flote.

Ruiz Casado reconoce que no hay ni un solo papel firmado, cuestión que atribuye a la imposibilidad de acceder a las cuentas de Aifos porque "los administradores concursales no las han presentado". En estas circunstancias, advierte que Emilio Noseda está dispuesto a hacerse con la mayoría del capital e inyectar el dinero suficiente para terminar la construcción de 200 casas e iniciar las obras de otras 200 en tres años. Desde su punto de vista es el oxígeno que necesita Aifos para salir adelante. No obstante, el inversor exige antes de dar el sí definitivo un plazo de 60 días para analizar las cuentas, activos y pasivos de la promotora malagueña.

Noseda, con pasaporte italiano, residente en Montevideo y actividad empresarial también en Argentina y México, tiene intereses en los sectores aeroportuario, agrícola, inmobiliario y hotelero. Según Ruiz Casado "históricamente se ha dedicado a la reestructuración de empresas con problemas financieros".

El presidente de Aifos, al que el juez mercantil le retiró la gestión de la compañía en marzo tras fuertes desavenencias con los administradores concursales, subrayaba ayer las posibilidades del convenio que hoy defenderá ante sus acreedores. Está convencido de que con un mercado que empieza a estar animoso, "sobre todo en el segmento del turismo residencial", y con la opción de un inversor a la vista Aifos tiene esperanzas de vida "y los acreedores la oportunidad de cobrar".

El convenio presentado ante el juzgado por el presidente de la compañía contempla una quita del 50% de los créditos ordinarios, mientras que el otro 50% se pagaría dentro nueve y diez años. En este bloque se encuadran fundamentalmente los compradores de viviendas. La Seguridad Social y Hacienda, de acuerdo con esta propuesta, cobrarán su crédito catalogado de privilegio general entre el quinto y octavo año tras aprobarse el acuerdo. Finalmente, plantean renegociar caso a caso la deuda con los bancos (privilegio especial).

Jesús Ruiz, por otra parte condenado a tres años de cárcel por fraude en el caso Malaya, animaba ayer especialmente a los compradores de pisos de Aifos a acudir en la junta de acreedores convocada para hoy. "Que vayan, que escuchen y que después ejerzan su derecho a emitir la opinión que quieran sobre el proyecto, pero que no olviden que todo el que no acuda es un voto perdido. Ellos son la parte fundamental y les merece la pena ir y expresar su opinión". Si Ruiz Casado no logra apoyo suficiente, la promotora será liquidada.