Los cinco legionarios imputados por un tribunal militar de Madrid por presuntos malos tratos a detenidos durante una misión en Irak en 2004, (ahora uno es agente del CNI, 3 son guardias civiles y otro sigue siendo legionario) podrían tener que hacer frente a estos hechos en la justicia civil y no por la vía militar.

En concreto, el tribunal militar territorial primero ha revocado el procesamiento de los cinco militares españoles acusados de un presunto delito de torturas, debido a la "indefinición de la condición de víctimas del presunto delito cometido", según publicó el diario El País.

El tribunal considera que los convenios de Ginebra, en los que se recoge la obligatoriedad de proteger a los civiles, prisioneros o heridos, no alcanza al caso de los terroristas. Precisamente, el tribunal cree que los detenidos que fueron objeto de las presuntas torturas podrían tener esta condición, por lo que pide a la juez instructora que siga investigando y esclarezca la condición de los detenidos. La interpretación no es una novedad, ya que Estados Unidos utilizó la denominación de combatientes enemigos ilegales para no aplicar los convenios de Ginebra a estos detenidos. En este sentido, apuntan a que sería de aplicación el artículo 609 del Códino Penal ordinario, que castiga los maltratos en caso de conflicto armado o ponga en peligro la vida o integridad de una persona protegida.