La empresa mixta de limpieza Limasa llevará a los tribunales la decisión de la Junta de Andalucía al no aceptar como convenio laboral el pacto alcanzado por la parte privada, el Ayuntamiento de Málaga (que posee el 49% del accionariado) y el comité de empresa el 23 de diciembre del año pasado y que permitió desbloquear la huelga que sufrió la ciudad durante cuatro días.

Tras agotarse la vía administrativa después de que la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo resolviera en contra el último recurso presentado por Limasa, fuentes municipales confirmaron a este periódico que se optará por la vía judicial para tratar de que salga adelante el convenio colectivo que lleva siendo motivo de conflicto laboral en los últimos tres años.

Los servicios jurídicos de Limasa están preparando la demanda que interpondrá en los juzgados de lo social en las próximas semanas en contra de la decisión de la Junta de Andalucía, que complica aún más la frágil paz social en el seno de la empresa.

La intención de los socios privados (FCC, Urbaser y Sando) y el Ayuntamiento de Málaga era que se diera validez al acuerdo que puso fin a la huelga como convenio basándose en el real decreto 17/1977 sobre relaciones laborales. En concreto, la empresa se agarra al artículo 8.2 donde se indica literalmente que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo.

Sin embargo, la resolución del Gobierno andaluz se basa en que ese acuerdo, que estará en vigor hasta 2015, no tiene estructura de convenio colectivo tal y como establece el artículo 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores al referirse únicamente a parte del articulado (2, 3, 25, 26, 40, 48 y 57), por lo que entiende que la negociación de esos siete artículos no puede extrapolarse a la totalidad del convenio si no ha habido acuerdo entre las partes".

Se da la circunstancia, además, de que el proceso impulsado desde la coalición público-privada de Limasa chocó desde el principio con la pretensión de los trabajadores de, tras cerrar el conflicto laboral a finales del año pasado, abrir un periodo de negociación para perfilar ciertos detalles sobre el convenio. Eso hizo que al menos en la parte de la plantilla se considerase que la propuesta de Limasa de dar validez al convenio fuese estrictamente unilateral.

La empresa defendió desde el principio que ese documento era suficiente para dar por cerrado el convenio y que el resto de los artículos se mantendrían tal y como están en el anterior. Pero el comité de empresa no lo consideraba así y pedía que se incluyeran garantías para que no se produzca una regulación de empleo durante la vigencia del mismo.

Las mismas fuentes adelantaron que la demanda que se va a presentar contra la resolución de la Junta de Andalucía insistirá en esos términos, ya que consideran que se aportó toda la documentación precisa para dar por válido como convenio colectivo el acuerdo que puso fin a la huelga del año pasado.