Casi 13.000 viviendas protegidas en el horizonte de los diez próximos años. Ese es el volumen de pisos a precio asequible que habrán de impulsar las administraciones públicas y los promotores privados para dar respuesta a la demanda estimada en Málaga capital para el periodo 2014-2023. Una actuación cuya envergadura se traduce en una inversión de unos 1.200 millones de euros. Éstas son algunas de las conclusiones que se extraen del primer Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo del Municipio de Málaga al que desde hace dos años vienen dando forma los técnicos del Ayuntamiento de la ciudad y que hoy será aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Una vez superada la aprobación inicial, el documento será expuesto a información pública durante veinte días, según dio a conocer ayer el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares. Del grueso del planeamiento el elemento residencial es el de mayor peso, pero no el único, dado que el mismo incide igualmente en la necesidad de actuar sobre los últimos núcleos de infravivienda existentes en la ciudad, Los Asperones y La Corta, aunque sin fijar acciones concretas, así como mantener el impulso en materia de rehabilitación, con una inversión de 20 millones a diez años vista. En esta línea toma peso la apuesta por actuaciones integrales sobre barriadas como Haza de Cuevas, Sixto, Los Arcos, Monte Pavero, Las Flores, entre otras.

Pomares subrayó que el Ayuntamiento da el paso de aprobar el plan antes incluso de que la Junta de Andalucía haya elaborado su particular estrategia en esta materia con el fin de "estar los primeros en la línea de salida para poder acogernos a las líneas de subvención y ayudas económicas que haya". Porque aunque se trata de un plan de cuño municipal, no obliga en exclusiva al Consistorio, principal responsable de las actuaciones en materia de VPO desarrolladas en la ciudad en la última década.

"El Ayuntamiento no se va echar atrás, porque seguiremos promoviendo y construyendo, pero solo no; hay que ir de la mano de la Junta", afirmó el edil del PP, que reclamó en varias ocasiones una mayor apuesta por parte de la Administración regional en este asunto. Reflejo de la escasa apuesta de la Junta es que apenas 36 pisos sociales llevan su firma desde 2004, frente a las 5.000 municipales.

Tomando como válida esta última referencia numérica, la apuesta dibujada por el Ayuntamiento para el horizonte 2023 es considerable, dado que en ese periodo hay que ejecutar unas 7.000 viviendas más de las que se han desarrollado en los diez años precedentes, marcados en buena medida por un periodo de bonanza económica. Es por este motivo por lo que cobra especial importancia el papel que vayan a desarrollar los promotores privados, que durante años han otorgado un papel muy secundario a las promociones protegidas.

De acuerdo con los datos manejados por el Consistorio, más de la mitad de las casi 13.000 viviendas deberán ser impulsadas por actores privados. De todas ellas, los técnicos identifican 7.390 para dar respuesta a los actuales integrantes del registro de demandantes, mientras que otras 5.600 se corresponderían con las nuevas necesidades propias del crecimiento demográfico de la población. La estadística sitúa en 592.616 los habitantes que habrá en la ciudad en 2023.

El plan dibuja tres fases temporales de aplicación. El corto plazo, 2014-2017, engloba un total de 2.162 unidades, parte de ellas ya en ejecución, y el resto con la posibilidad de ser impulsadas en este lapso de tiempo, al estar el suelo a disposición de los entes promotores. En el medio plazo, 2018-2021, se fija la ejecución de otras 4.452 viviendas, de las 1.265 se proyectan sobre suelos públicos y otros 3.187 sobre suelo urbano no consolidado en manos privadas. La última fase, 2022-2023, afecta a otras 6.376 viviendas, a desarrollar en suelo urbanizable.

De ir adelante la iniciativa puesta sobre la mesa por el equipo de gobierno del PP, su repercusión sería más que evidente sobre el mercado inmobiliario de la capital. Lejos de lo ocurrido en el boom residencial pasado, la construcción de las 5.600 viviendas protegidas estimadas para responder a los nuevos vecinos de la capital equivale a casi el 30% del total de viviendas que se calcula como necesario para absorber la demanda residencial en la capital.

El propio Pomares confirmó en su intervención de ayer que de haberse actuado en esta línea años atrás "no se habría dado la situación actual". "Esa lección tiene que hacer que se promuevan más viviendas públicas", indicó, al tiempo que apostilló: "comprar una vivienda a quince años es asequible, no lo es a cuarenta años".