El principal problema que el fiscal coordinador de Medio Ambiente en la provincia, Juan Calvo Rubio, detecta en cuanto a los delitos contra la ordenación del territorio es que el ciudadano no asume que construir una vivienda en suelo no urbanizable o protegido es un delito y no precisamente leve, que además puede conllevar pena de cárcel de hasta cuatro años. "La gente no asume que esto sea delito", afirma de modo tajante y lo compara con otro tipo de delito más visual: "Con el robo con fuerza el procesado se enfrenta a una pena de cárcel de uno a tres años y por construir en suelo protegido podría cumplir en prisión hasta cuatro años", matiza Juan Calvo.

Los procesados por construir en suelo no urbanizable se enfrentan a penas de cárcel de 1 a 3 años, además de a una multa de 12 a 24 meses, mientras que para los que lo hacen en suelo protegido el delito puede suponer desde un año y medio hasta los cuatro años entre rejas, con una multa de 12 a 24 meses, igualmente. Los delitos contra la ordenación del territorio prescriben a los 5 años por la vía penal y a los 6 años por la vía administrativa, por lo que es ese el intervalo de tiempo que maneja la Fiscalía de Medio Ambiente para poder actuar en base a las construcciones irregulares detectadas.

Las denuncias que señalan las viviendas ilegales que se desarrollan en suelos no urbanizables o protegidos del conjunto de la provincia llegan a la Fiscalía por múltiples vías, explica Calvo. El equipo del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil hace un gran trabajo en este sentido, además de la Policía y los casos que llegan a través de los ayuntamientos, la Consejería de Medio Ambiente e incluso particulares y denuncias anónimas que señalan posibles irregularidades. El fiscal también coincide en afirmar que los particulares únicamente denuncian cuando se ven afectados por la construcción que se está levantando.