Los herederos de los que fueran dueños originales de los antiguos suelos de Repsol no cesan en su empeño de reclamar bien la reversión de los terrenos, expropiados en 1958, bien una indemnización económica millonaria. El último paso dado por uno de los afectados, Joaquín Francisco Esteban Rodríguez, ha sido la de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para insistir en la recuperación de la parcela o, en su defecto, ser indemnizado con una cuantía que eleva a 6,3 millones de euros.

El paso adoptado tiene lugar después de que hayan resultado infructuosos los intentos realizados ante el Ministerio de Fomento, organismo sucesor del ente estatal que materializó hace casi 60 años la enajenación de los suelos. Antes de acudir a la vía judicial, José Joaquín presentó el 12 de abril del año pasado un escrito en el que pedía la reversión de la parcela o la mencionada compensación. El movimiento se topó con la desestimación por parte de Fomento el 12 de julio del año pasado "por silencio administrativo".

La reacción del heredero no se hizo esperar y el 19 de agosto de ese mismo año formuló un recurso de alzada ante el ministerio que fue resuelto, a juicio del demandante, "fuera del plazo legalmente establecido". Es por ello por lo que su representación legal considera que la mencionada "desestimación" del derecho de reversión fue "extemporánea".

La demanda hace historia al recordar como fue el Ministerio de Vivienda el que el 19 de diciembre de 1958 tramitó el expediente de expropiación forzosa de la hacienda denominada San Rafael, con una extensión de 77.518,5 metros cuadrados. El justiprecio fijado, posteriormente revisado por el Tribunal Supremo, ascendió a 4.241.625 pesetas (25.492,68 euros) para la finca número cuatro del expediente. El suelo, tras ser enajenado, fue inscrito a favor de la Gerencia de Urbanización, Organismo Autónomo de la Vivienda el 26 de septiembre de 1962.

Cinco años más tarde la parcela fue permutada con la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes, S.A., una de las firmas fundadoras de Repsol, que ostentó la propiedad del sector hasta su venta en favor de la promotora Comarex en abril de 2005 por un valor de 41.350.000 euros.

La secuencia de acontecimientos posterior es bien conocida. Comarex acabó rubricando un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga para que, a cambio de triplicar la edificabilidad del terreno, pagarle 82 millones de euros. Durante varios años la vigencia del convenio fue total, a la espera de que se diese luz verde al Plan General de Ordenación Urbanística.

Sin embargo, la llegada de la crisis económica y la mala situación que atravesó la firma privada, hizo que la propiedad sobre el suelo pasase a manos de la entidad Nova Caixa Galicia, igualmente incapaz de hacer frente a los compromisos de pago con el Consistorio. La situación fue tal que tras más de un año de negociaciones, acabó por concretarse una modificación del convenio original mediante la cual el Ayuntamiento recibía aprovechamientos urbanísticos por los 70 millones que no fueron aportados. A día de hoy es el Consistorio el propietario mayoritario del terreno.

A juicio de la representación legal del demandante, todo ello demuestra que el Ayuntamiento ha obtenido "sin necesidad de llevar a cabo ningún expediente expropiatorio, suelo urbano y urbanizable por un valor de 70 millones; ha conseguido esos terrenos sin expropiar y sin tener que compensar económicamente a ninguna persona". Al tiempo, el escrito añade que se está ante un expediente expropiatorio "encubierto", lo que supone "un absoluto fraude de ley".

Uno de los elementos empleados por Joaquín Francisco Esteban Rodríguez es que desde que se produjo la enajenación forzosa en 1958 hasta la fecha los propietarios de los terrenos o sus herederos "no han sido notificados expresamente de ninguno de los hechos acaecidos". Incluso, apunta la posibilidad de que la utilidad social bajo la que se argumentó la expropiación, la de darle uso industrial, "persiste aún".

"Es sorprendente como a unos propietarios les expropian sus tierras, privándoles de su medio de vida y su vivienda, obligándoles a vivir en unas viviendas sociales cedidas a cambio de 25.492,68 euros, y 45 años después ven como unas empresas privadas se enriquecen a costa de los terrenos que les expropiaron y que ahora tienen un valor de 124.560.161 euros", sentencia.