La Junta de Andalucía gana tiempo con el Plan de Protección del Corredor Litoral ante la imposibilidad de aprobarlo en los tiempos previstos. El decreto-ley sobre el que se formuló la iniciativa, aprobado el 27 de noviembre de 2012, fijaba un plazo máximo de dos años para ratificarlo. Ante la proximidad de la fecha, el Consejo de Gobierno andaluz acordó ayer ampliar otros seis meses el periodo para tramitar las 3.547 alegaciones presentadas tanto por los municipios, en una gran mayoría disconformes con las limitaciones realizadas, como por grupos profesionales, centros universitarios y organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas.

Se da la circunstancia de que el plazo de información pública expiró el pasado 31 de octubre de 2013. Es decir, ha transcurrido más de un año sin que la Consejería de Ordenación del Territorio haya contestado a las mismas. A juicio de los responsables regionales, el nuevo plazo facilitará ampliar el grado de consenso sobre el contenido del plan. El decreto ley aprobado ayer también mantiene la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, este instrumento limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40 por ciento del territorio.

Esta suspensión se mantiene desde finales de 2012 para garantizar el cumplimiento de las previsiones del Plan de Protección del Corredor Litoral durante su elaboración. La misma afecta a los suelos protegidos ya identificados en el documento sometido a información pública. En el caso de la provincia de Málaga la incidencia es elevada, por cuanto, según los datos de la propia Consejería de Ordenación del Territorio, la limitación toca de lleno a seis municipios (Manilva, Casares, Estepona, Mijas, Vélez-Málaga y Torrox), en los que se reparten 17 sectores, en los que se proyectan del orden de 7.500 viviendas. No obstante, la Junta sólo admitió del orden de 3.961.

El Plan de Protección del Corredor Litoral tiene como objetivo preservar del proceso urbanizador aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales. Muestra de la masificación que ha venido sufriendo el litoral malagueño en las últimas décadas es que, según los datos del Sistema de Información Geográfica Litoral de Andalucía, mientras en 1956 apenas eran 800 las hectáreas de suelo ocupadas dentro de los primeros 500 metros de costa, de un total de 8.232, en 2009 eran 5.492, lo que suponía el 67%. Conforme a esta evolución, el incremento en el transcurso de esos 54 años ha sido del 584%. Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan pretende contribuirá de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre.