El Ayuntamiento de Málaga ha ganado una nueva batalla en la particular guerra declarada a la Junta de Andalucía por las discrepancias sobre quién debe asumir la limpieza de los arroyos y ríos que discurren por suelo urbano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a dar la razón, por segundo año consecutivo, al Consistorio malagueño en su empeño de exigir a la Delegación provincial de Medio Ambiente que se haga cargo del gasto que supone para las arcas municipales la realización de los trabajos para el acondicionamiento de los cauces de cara a la temporada de lluvias.

Como ya hiciera en octubre de 2013, el Ayuntamiento de Málaga requirió en agosto otra vez a la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA medidas cautelares sobre la retirada de árboles, vegetación y material natural de los cauces. El motivo fue que la Junta de Andalucía no había contestado a los escritos enviados desde el ente municipal -el 11 y el 29 de julio, respectivamente- referentes a las actuaciones que iba a acometer el ente municipal y otro instándole a que remitiera al Consistorio el plan de adecuación de cauces que iba a realizar.

El Alto Tribunal andaluz ha declarado firme su decisión de autorizar al Ayuntamiento a proceder a las labores de limpieza de los arroyos, específicamente las zonas más conflictivas a tenor de los informes técnicos aportados, y obligar a la Delegación provincial de Medio Ambiente a pagar posteriormente al Consistorio el coste de dichas actuaciones.

En un auto, con fecha del pasado 20 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico, la sala de lo contencioso-administrativo reafirma su propio auto dictado el 30 de octubre en el que ya aceptó dicha medida cautelar debido al peligro de inundaciones que había en algunos puntos de la ciudad y ante el hecho de que la Junta de Andalucía no haya presentado un recurso al respecto.

En total, las labores realizadas por el Ayuntamiento en 90 arroyos de la capital este año han costado 60.000 euros, la misma cantidad gastada el año pasado por el mismo concepto y que el Gobierno andaluz aún no ha abonado.

El problema queda resuelto de nuevo este año, pero el tribunal aún deberá pronunciarse sobre cuál de las dos administraciones tiene las competencias en la materia tal y como solicitó el Ayuntamiento malagueño en su recurso del año pasado debido a la polémica que existe sobre este tema.

A la espera de esa resolución definitiva sobre cuál de las dos debe asumir la competencia ante la imposibilidad de que se hayan puesto de acuerdo durante los dos últimos años, ambas siguen empeñadas en sus argumentos. El Ayuntamiento defiende que su competencia se centra únicamente en la retirada de los residuos urbanos para liberar de obstáculos de los cauces ya que, a su entender, es la Junta de Andalucía quien debe asumir las actuaciones que impliquen la realización del resto de actuaciones. Ésta, sin embargo, no opina así.