La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Comercio, ha anunciado una ofensiva para instar al Gobierno central a que modifique la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establezca ampliación de 10 años en la moratoria que finaliza el próximo 31 de diciembre. Con esta intención el Ejecutivo andaluz solicitará una reunión "urgente" con los ministros de Economía y de Fomento, Luis de Guindos y Ana Pastor, respectivamente, para abordar esta problemática que afecta a unos 20.000 negocios y en torno a 100.000 trabajadores en Andalucía.

Así lo ha afirmado el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, después de reunirse este viernes en Málaga con representantes de la plataforma No al cerrojazo; la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA); la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); organizaciones de consumidores y usuarios; sindicatos y de los tres grupos presentes en el Parlamento andaluz.

Rodríguez ha insistido en que establecer una moratoria adicional de 10 años facilitaría a los comerciantes afectados poder renegociar unos precios "acordes y razonables de los alquileres". "A nadie se les escapa que la situación actual de crisis económica y de consumo es el peor escenario posible para poder afrontar una renegociación de las rentas", ha sostenido.

En este punto, el consejero ha asegurado que los inquilinos "no se oponen en ningún momento a renegociar sus rentas", pero sí piden "establecer un periodo prudente en el que esa negociación se pueda plantear".

Además, el titular andaluz de Comercio ha subrayado que el cambio de la LAU es "fácil de hacer" en cualquier decreto ley aprobado por el Ejecutivo nacional. "Se puede modificar la disposición transitoria y por tanto establecer una moratoria de 10 años", ha explicado.

Rodríguez ha criticado que se trata de una situación "lamentable" que "solo se explica por la insensibilidad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy para afrontar un problema "social y económico de primer nivel" que afecta a una actividad fundamental para el desarrollo económico de las ciudades y que "podría tener una fácil solución". "Es el Gobierno central y el PP el que tiene la llave", ha apostillado.

Oficina de intermediación

Además de la petición de esa reunión con De Guindos y Pastor, la Consejería de Turismo y Comercio pondrá en marcha hasta el 31 de diciembre una campaña de información para trasladar a todos los comerciantes cuáles son sus derechos y las posibilidades e instrumentos de que disponen para defenderse.

Del mismo modo, a partir del 2 de enero, la Consejería de Turismo y Comercio, en colaboración con la Secretaría General de Consumo, creará una oficina de intermediación e información para atender a los afectados por el fin de la renta antigua.

Por otro lado, la Consejería recabará todas las ordenanzas que en este momento se están aprobando en ayuntamientos de todo el país, para "proteger a los comercios singulares que durante años han dado forma a las ciudades y al urbanismo de los cascos históricos".

En concreto, según ha precisado el consejero, en Málaga son unos 800 negocios los que podrían verse abocados al cierre por la subida de los precios de los alquileres, y unos 2.400 los trabajadores que podrían perder su empleo. "Muchos de ellos son señeros de centros históricos y han mantenido contra viento y marea una actividad comercial importante", ha manifestado.

"Es una espada de Damocles que en este momento pende sobre 20.000 comercios en Andalucía, que puede afectar entorno a 100.000 trabajadores en la región y que desde el Gobierno de Andalucía nos preocupa y no queremos quedarnos cruzados de brazos", ha destacado.

Por último, ha recordado desde la Junta de Andalucía llevan meses intentando abordar este asunto con el Gobierno de España y que "nos encontramos la puerta cerrada". Así, ha explicado que se le remitió una carta a la ministra de Fomento para trasladarle las reivindicaciones del sector y que "hasta el momento no hemos obtenido respuesta", señalando, además, que el PP en Madrid ha votado "siempre" en contra de las iniciativas que los grupos parlamentarios han propuesto en el Parlamento.

Por su parte, el portavoz de la plataforma 'No al cerrojazo', Ángel Rodríguez, ha mandado un mensaje al Gobierno de Rajoy, afirmando que "estas pueden ser las navidades más amargas para muchos miles de trabajadores y autónomos que van a verse obligados a cerrar sus negocios de toda la vida".

Así, ha incidido en que los comercios "no tienen vía de escape" y ha criticado que la ley "no busca un marco donde se puedan establecer una negociación entre inquilinos y propietarios". "Aquí la sartén por el mango la tiene una parte, y los demás no tienen más posibilidad que coger su negocio y echar la persiana", ha lamentado.

No obstante, ha considerado que hasta el 31 de diciembre "todavía quedan días" para conseguir la conciliación, por lo que ha pedido a los afectados que "aguanten" y que "no echen el cierre".