Habituados a la refriega política e institucional, acaba siendo una excepción ver a dos dirigentes públicos sentados a la misma mesa para rubricar un acuerdo. Eso es justamente lo que esta tarde harán en la sede del Ayuntamiento de Málaga la consejera de Fomento, Elena Cortés, y el alcalde, Francisco de la Torre. El entendimiento, que ha requerido de más de un año de negociaciones y no pocas desavenencias entre las partes, toca de lleno al sistema de movilidad de la capital de la Costa del Sol, al punto de elevar el protagonismo de la bicicleta a niveles históricos.

La adhesión de Málaga al Plan Andaluz de la Bicicleta supone para la urbe malagueña una apuesta sin precedentes por convertir el vehículo de dos ruedas en alternativa real de transporte. 69 nuevos kilómetros exclusivos para bici, que se sumarán a los 29 ya existentes. Éste es el objetivo principal de un convenio que reparte las obligaciones económicas y de gestión de ambas administraciones. Las cifras, aunque importantes, siguen estando lejos de Sevilla, donde la red actual tiene una extensión de 120 kilómetros, que, previsiblemente, se verá ampliada otros 27,5 con cargo al plan andaluz.

Conforme a lo marcado en la propuesta de convenio que hoy quedará cerrado el 75% de los ramales delimitados por los técnicos de ambas instituciones habrá de ser ejecutado por la Consejería de Fomento, lo que en términos económicos se ha relacionado con unos 15 millones de euros. El 25% restante queda en manos municipales. Parte de ellos, con un millón de inversión, fueron impulsados por el equipo de gobierno del PP antes del acuerdo final, en el afán de adelantar la ejecución de los mismos.

Ello, sin embargo, no es garantía, dado que, según indican desde la Administración regional, los ramales que hayan de ser materializados sobre el terreno han de respetar las directrices marcadas e el Plan Andaluz de la Bicicleta. Y eso es lo mismo que decir que han de tener conectividad con otras redes y disponer, en los lugares en los que así sea posible, de una anchura de 2,5 metros. Los trabajos ya desarrollados por el Ayuntamiento serán objeto de análisis por parte de la comisión técnica que, tras la firma del acuerdo, habrán de crear ambas instituciones.

El desarrollo de esta iniciativa se fija en el intervalo de los próximos tres años, es decir, desde este mismo ejercicio hasta 2017. Incluso, al Ayuntamiento se le permite la opción de aplazar parte de las actuaciones hasta 2020 en caso de no disponer de fondos suficientes.