La principal acusada del caso de exterminio de más de 2.000 animales en las instalaciones de Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por los presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental. En su escrito de acusación, la Fiscalía de Málaga considera que la responsable de la Protectora era la que impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos con la colaboración de otro empleado, al que también acusa de maltrato animal e intrusismo profesional en el sacrificio "masivo e injustificado" de animales abandonados recogidos por la asociación "con la exclusiva finalidad de reducir los costes y dedicar las instalaciones con preferencia a los fines privados".

El fiscal asegura en el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, que se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales en las instalaciones de Parque Animal, propiedad del Ayuntamiento de Torremolinos y que tenía adjudicado el servicio a la asociación que preside Carmen Marín. Según la calificación inicial, estos "sacrificios masivos" se realizaban "sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte".

La Fiscalía mantiene que "de esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas". Para llevar a cabo, lo que el fiscal considera "exterminaciones masivas y programadas", el escrito añade que se hacían preferentemente a primeras horas de la mañana cuando "se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano".

Por el delito de maltrato animal continuado, el fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años. En cuanto al delito de intrusismo profesional, por el que se pide una multa de 7.200 euros para la acusada, el escrito de acusación de la Fiscalía alude a que ambos acusados "carecían" en aquel momento de la titulación necesaria para llevar a cabo el sacrificio de animales y además era Carmen Marín "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines" para adquirir los productos eutanásicos en grandes cantidades.

Además, el fiscal señala que la directora de Parque Animal "bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios y los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento. Por estos hechos se le imputa el presunto delito de falsedad documental, por la que el fiscal solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.

El juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos dio por terminada la fase de investigación a finales del año pasado más de cuatro años después desde que la Guardia Civil destapó el caso, que queda a la espera de que se fije la fecha de juicio. El auto dictado por el juez con fecha de 17 de diciembre del año pasado suponía el último paso de la instrucción, por el que se ordenaba que se diera traslado a las partes para que formularan escrito de acusación y solicitaran la apertura de juicio oral contra los dos imputados.

El juez mantuvo, en ese auto, el sobreseimiento del presunto delito de denuncia falsa, que también le imputaba el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y que ya fue archivado hace dos años.