Los centros de protección de menores respiraron con cierta tranquilidad el pasado 13 de febrero cuando cobraron los meses de noviembre y diciembre y un mes más tarde vuelven a reivindicar el pago de un servicio que atiende a los niños tutelados por la Junta de Andalucía. La Administración regional no ha ingresado aún las cantidades correspondientes al mes de enero y la treintena de centros que gestionan más de 320 plazas en la provincia de Málaga empiezan a temer que la inestabilidad económica se convierta en una constante que ponga en riesgo la atención de los más vulnerables de la sociedad. Ante este nuevo impago, la Plataforma para la Protección de Menores de Málaga presentó el pasado lunes en el registro de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales la solicitud de los intereses de demora e informaron a la Fiscalía de Menores de la situación en la que se encuentran.

"No se han cobrado las partidas presupuestarias de las que sale el dinero para la atención a los niños, para pagar a los proveedores que traen la comida, para comprar los productos de higiene, para el sueldo de los profesionales que atienden a estos menores que traen consigo unas circunstancias muy complicadas", afirmó ayer Santiago Ruiz, presidente de Ecogrin Justicia Social y miembro de la Plataforma para la Protección de Menores. Ante la demanda de las entidades, la Junta de Andalucía les explicó que el retraso no se debía a un problema presupuestario sino a la implantación de un nuevo programa para la tramitación y gestión de los pagos. Cuando cobraron en febrero pensaron que "se había superado el problema del sistema, pero ni enero ni febrero se han cobrado a día de hoy", subrayó ayer Ruiz.

Desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales aseguraron que el retraso "está motivado exclusivamente por la implantación del nuevo sistema" y reiteraron que "se están solventando las incidencias para que no se vuelvan a repetir, la solución es inminente, es cuestión de horas". También quisieron dejar claro desde la Administración regional que "la atención a los menores está garantizada, no queremos que se produzca ninguna alarma" y apuntaron que la comunicación con los centros es fluida y que están informados en todo momento del proceso.

Sin embargo, los centros consideran que de seguir así "esto es inviable, acabamos de salir de un impago de dos meses y como nos descuidemos en tres semanas nos deberán febrero". Las residencias ya pasaron momentos muy complicados hace un mes y el nuevo retraso supone repetir la mala experiencia, que no es habitual y no se daba desde 2008. La directora de un centro con 19 plazas concertadas relataba a principios de febrero que "con un remanente hemos pagado la luz, el teléfono, pero ya estamos en números rojos, como todas las entidades, y ya es insostenible". Los trabajadores estuvieron sin cobrar y aplazaron el pago de los seguros sociales. "Nos tienen que pagar, estamos un poco desesperados", decía. También la catedrática de Derecho Público Internacional de la UMA Ana Salinas lanzó un mensaje de ayuda a compañeros después de asistir a varios centros a través de la ONG con la que colabora como voluntaria y se realizó una campaña de recogida de alimentos no perecederos.

"La responsabilidad es de la Junta, somos los guardadores pero la Administración es la tutora de esos niños y, por tanto, la responsable de los menores. Yo hago un servicio pero no puedo estar tres meses sin cobrarlo", apuntaron desde la dirección de un centro. La Junta de Andalucía paga 60 euros por menor y día en acogimiento residencial. Para centros de atención inmediata, a los que llegan nada más que ingresan en el servicio, son 80 euros la plaza y 100 euros para los específicos de menores con gran dependencia. Del 1 al 5 de cada mes se presentan las facturas del anterior y la administración tiene 30 días para pagar.

"Los niños han comido porque los proveedores han fiado productos para cobrarlos más tarde, hablamos de la solidaridad individual de empresarios, de profesionales porque no se paga uno de los recursos fundamentales para la prevención del ciclo de exclusión de estos niños", consideró ayer el portavoz de la Plataforma para la Protección de Menores de Málaga. Santiago Ruiz agregó que el "clima de inestabilidad en los centros que repercute en la atención a la infancia más dañada de la sociedad" y apuntó que la Junta "está queriendo sostener un sistema con la solidaridad individual de los ciudadanos cuando debería de mantenerse con el estado de bienestar". De esta forma, reiteró, "no se puede garantizar la estabilidad de los niños que tiene tutelados".