Málaga

Compradores de viviendas de Aifos llevarán a los tribunales a los bancos

  • Solicitan en el juzgado que se identifiquen las cuentas en las que se depositaron las cantidades entregadas para su construcción y si le exigieron seguros o avales a la promotora

Los compradores de casas de Aifos que entregaron dinero por unas viviendas que nunca le han sido entregadas plantean, en un último intento por recuperar su inversión, demandar a los bancos en los que la promotora ingresó esas cantidades. La medida la adoptarán después de que se haya agotado cualquier esperanza de recuperar las cantidades pagadas durante el proceso de liquidación en que encuentra inmersa la empresa.

Los abogados que representan a estos pequeños acreedores de Aifos han solicitado al Juzgado de Instrucción que identifique las cuentas en las que se ingresó el dinero que los clientes entregaron como adelanto para la construcción de su futura vivienda y para ello señala a 14 entidades financieras diferentes que guardan relación con la promotora. Al mismo tiempo le piden que se especifique si se le exigió algún tipo de "garantía" en esas cuentas abiertas. Las peticiones las argumentan en una futura demanda contra las entidades bancarias sustentada en el artículo 1 de la Ley 57/1968 de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la compra de vivienda, y en una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto.

Con la ley en la mano la entrega de dinero para una vivienda sin construir está precedida por la garantía de devolución de las cantidades entregadas más el 6% de interés anual, mediante un contrato de seguro o por aval solidario de la entidad financiera "en el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo conveniado". Las cantidades entregadas, además, tendrían que haberse depositado en una cuenta especial "con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas". Además, en la apertura de esas cuentas, es la entidad bancaria la que debe exigir la constitución de los avales y seguros obligatorios. Y es justo ahí, donde los letrados observan que los bancos "serían responsables" de la devolución del dinero adelantado.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015, que crea jurisprudencia, dice que "el artículo 1 de la misma [ley] impone obligaciones a la entidad financiera a través de la cual la promotora percibe los anticipos de los adquirentes...".

Carlos Cómitre, del bufete de abogados Ley 57, capitanea esta nueva demanda contra los bancos, a la que por el momento ya se han sumando 30 compradores de casas. Cabe recordar que en su anterior intento por salvar la empresa, con un convenio con el que pretendía que la empresa quedara en manos de los acreedores y se finalizaran las viviendas, consiguió el apoyo unos 300 pequeños acreedores. "Visto que de la liquidación de Aifos es improbable que puedan recuperar lo pagado por pisos no construidos, deberán de ser aquellos bancos donde se hubiera pagado quienes respondan", concreta Cómitre, haciendo la vez hincapié, en la sentencia del Supremo.

En la solicitud presentada ante el juzgado se especifica que los particulares han intentando obtener la información ahora solicitada a través de su reiterada petición ante la empresa y ante los administradores concursales, que la gestionan desde 2009, unas peticiones de las que no han obtenido respuesta.

La promotora Aifos entró en concurso de acreedores de forma voluntaria en el año 2009. En estos momentos está en proceso de liquidación, un paso que está a la espera de su aprobación definitiva por parte del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. Los administradores concursales presentaron hace unos meses el plan, en el que plantean acabar las promociones más avanzadas y a las que podrán optar los compradores que sigan interesados en la adquisición de una vivienda, a cambio de una quita de la cantidad entregada. Pero poco más se especifica de los acuerdos necesarios con los bancos para que asuman una nueva inversión en vivienda, que sumarán a las largas listas de pisos embargados que muchos de ellos mantienen.

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