Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956) es un hombre paciente y metódico, que siempre que tiene la oportunidad reivindica un incremento de personal en la Fiscalía. La puerta de su despacho en la tercera planta de la Ciudad de la Justicia permanece siempre abierta, y él dispuesto a atender a todo aquel que se lo demande. Su tenacidad y empeño en la lucha contra la corrupción -especialmente en el caso Malaya- le han hecho merecedor recientemente de la medalla de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de la primera clase. Este mismo mes celebra su tercer aniversario al frente de la Fiscalía Provincial.

-¿Qué balance hace de este tiempo?

-En mi propuesta de actuación para postularme en el cargo establecí una serie de directrices y de ellas, algunas se han podido llevar a cabo y otras no, porque no dependen únicamente de la decisión de aquí. Me refiero a contar con personal técnico en la Fiscalía, al margen de los propios fiscales y el personal auxiliar, que sea un instrumento de apoyo y soporte. Eso no depende de nosotros pero que siempre que puedo insisto sobre ello porque me parece fundamental. Tenemos la referencia de la Fiscalía Anticorrupción, que en Madrid sí tiene estos soportes o apoyos, pero hoy día hay causas penales territoriales de gran envergadura que creo que requieren de este tipo de apoyo. Esa cultura tradicional que tenemos en nuestra carrera de un asunto, un fiscal, está totalmente superada por las circunstancias. No hay ningún país serio que afronte el enjuiciamiento de hechos graves con numerosos implicados con un solo fiscal. Es una forma de proceder que está fuera de lugar.

-De ahí que hablara en su discurso de investidura de organización y coordinación, ¿no?

-Como digo, es una aspiración, nos falta el apoyo normativo que nos permita contar con esos refuerzos. En los procedimientos complejos a lo más que podemos aspirar es a que la tramitación la lleve un fiscal, con idea de que el juicio lo cubran dos, porque tenemos una situación de carencia de personal muy grande. 

-También hablaba de establecer lazos con la Universidad de Málaga.

-La colaboración viene a base de convenios, de hecho ya se hizo con el departamento de Derecho Penal y ahora tenemos otra iniciativa con Procesal. La colaboración con la universidad me parece fundamental, pero habría que pensar también la fórmula de que fiscales se pudieran beneficiar del conocimiento de la universidad. Hay algunas, pero aún no las hemos desarrollado. La de Universidad de Málaga, que es la que yo conozco, tiene auténticos especialistas en distintas materias y podíamos aprovecharnos de esta situación.

-En general, ¿le ha merecido la pena el paso al frente para asumir la Jefatura de Málaga?

-Lo dije con motivo del reconocimiento reciente que me concedieron, que desde esta posición que es la dirección de un órgano administrativo, ni más ni menos, pues una parte importante de mi tiempo está destinada a temas de representación y organización, pero también quiero en la medida de lo posible trasladar mi experiencia en macrocausas al trabajo diario de los fiscales de Málaga.

-¿De ahí la insistencia para se extinga la fórmula un caso, un fiscal en causas complejas?

-La situación ideal sería crear equipos de trabajo, digamos con un fiscal principal encargado de la investigación, fiscales de apoyo o auxilio y un equipo de los técnicos que fueran convenientes -de la Agencia Tributaria, de la Intervención General del Estado-, de soporte a la investigación y sobre todo de cara al juicio oral para análisis críticos de la prueba, de la contraprueba. Es constatable, en toda Europa existe este tipo de organización. 

-Si vieran la forma de trabajar de aquí, ¿cree que se sorprenderían?

-Hace menos de un mes, vinieron unos fiscales daneses en un tema de coordinación internacional y fue sintomático que el fiscal al frente de la delegación quiso ver la sala del caso Malaya. Se les acompañó, sacaron fotos, se quedaron bastante impresionados de la magnitud de la sala y se les explicó el número de procesados, las distintas defensas, cómo se exponía la causa, que estaba totalmente digitalizada a través de las pantallas. Y entonces, preguntaron, "bueno ¿y el equipo de fiscales?". Y se llevaron las manos a la cabeza cuando se les explicó que había sido un solo fiscal el que había estado al frente del caso. Es una fórmula muy artesanal de entender la profesión y en los tiempos que corren, no es de recibo. Y yo hablo de lo que a mí concierne. En la carrera hermana de los jueces de instrucción, yo me imagino una juez muy famosa, Alaya de Sevilla, que no sé cómo puede llevar y tramitar toda esta documentación en tantos tipos de procedimientos tan complejos al mismo tiempo.

-¿No cree que al final es un proceso que se alarga demasiado en el tiempo?

-Hoy en día no se puede hablar de una investigación de un asunto penal de interés si no hay una investigación patrimonial que la acompañe, porque eso es básico para desarticular grandes organizaciones criminales. Y en la medida en la que hay una investigación patrimonial la cosa se va complicando exponencialmente. 

-Con Malaya, aunque todavía queda que se pronuncie el Supremo, al menos se ha conseguido cerrar el proceso en relativamente poco tiempo, pero otros llevan años en instrucción.

-Eso lo que denota es la insuficiencia de medios. No se trata de una falta de capacitación ni de energías, sino de la imposibilidad material de asumir estos cometidos. Que te feliciten, entre comillas, porque la operación Malaya ha sido un éxito porque contando todo en 10 años va estar concluido, con sentencia definitiva, pues eso no satisface a nadie, es una mala justicia, una mala calidad de la justicia.

-Lo que pasa es que comparado, por ejemplo, con Astapa pues ha sido más rápido.

-Yo pienso que lo que hay que hacer es un diagnóstico de por qué se produce esto y tratar de buscar soluciones. 

-Para los imputados lo que queda es la sensación de un juicio paralelo de la ciudadanía y una indefensión absoluta. El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos lo comentaba en una entrevista en Málaga Hoy hace algunos meses.

-Eso es una situación totalmente indeseable y que tiene difícil solución. Yo no llevo especialmente esta materia pero sí me consta que forma parte de la investigación el análisis económico de determinados convenios, que son ciertamente complicados en la valoración de las distintas aportaciones de la Administración y del particular, y que eso es lo que ha producido el retraso que lleva esta causa, entre otros factores.

-También existe una carencia de funcionarios no fiscales. 

-Aquí es que la relación es de dos fiscales por un funcionario, cuando la ratio que hay en Europa es de tres o cuatro funcionarios por fiscal. Estamos en un ámbito administrativo que genera una cantidad de papel asombrosa y tengo que decir que afortunadamente se pierden muy pocos papeles con el trasiego que hay. Solo lo que es tramitación de papel lleva consigo unas energías fundamentales, pero después deberíamos poder contar con personal de servicio a la tarea profesional nuestra. Y sin embargo, como son tan pocos, no lo podemos hacer. 

-Una asociación de fiscales denunciaba no hace mucho como muchos fiscales con dilatada experiencia se veían obligados a permanecer en categorías, digamos, de segunda. 

-No puede ser que un fiscal esté en la categoría que se supone que es ingreso en la carrera durante 20 años, no tiene sentido. Parece que la secuencia lógica son ocho o nueve años, pero esto conlleva incremento de retribuciones y ahí está el tapón. Me parece que es una situación injusta y que habría que corregirla, claro. 

-En breve tendrá la oportunidad de hacer su propio equipo en la Fiscalía, uno su medida, con la jubilación del teniente fiscal y la marcha a Córdoba del de Medio Ambiente.

-Bueno a mi medida, a ver, (risas) con muchas limitaciones. Yo vengo de esta Fiscalía, aquí nos conocemos todos y estar en una especialidad, presupone una voluntariedad. Lo único que voy a hacer, en la medida de lo posible, es respetar las preferencias que se tengan, porque todos estos puestos de especialistas, por ejemplo, medio ambiente, no es una herramienta apetecible, porque tiene una carga a veces importante y causas a veces muy complejas; otras veces porque la materia en sí no es gratificante, cuando a lo mejor tienes que pedir demoliciones que no siempre son bien entendidas. Así que si alguien con una cierta antigüedad, solicita implicarse en esta materia, yo no voy a tener ningún motivo para oponerme.

-¿Se ha postulado ya alguien? 

-Bueno, eso ya lo veremos y lo decidiremos.

-Porque el teniente fiscal lo marca la edad, ¿no?

-Sí, es un cargo que es cubierto por antigüedad. Si el más antiguo no opta, pues se pondrá a otro, pero creo que no es el caso, será Francisco Luque con toda seguridad. Trataremos de hacer un diseño de lo que queremos hacer y dónde nos queremos dirigir. Soy partidario de cosas colectivas y no tan individualizadas en una persona.

-El informe de criminalidad en los últimos años refleja un descenso en general de los delitos, pero los relacionados con el tráfico de drogas mantienen un comportamiento a la inversa, al menos en la Costa del Sol.

-Con la economía en crisis, la imposibilidad de acceder a fuentes de riqueza y un mercado ahí alternativo a la economía legal, que te puede suministrar, pues esa variable criminológica es muy importante. Lo que también es importante es la tarea de investigación y de persecución que hace tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, porque estamos situados en el punto estratégico. Lo único que se puede hacer es lo que se está haciendo. Ahí sí que puede ser muy importante la reforma procesal que delimita y clarifica los requisitos para las intervenciones telefónicas, que es una herramienta fundamental en la lucha contra este tipo de delitos.

-Acabamos de vivir unas elecciones autonómicas. ¿Cual es su opinión del escenario político que se presenta?

-Prefiero ser un observador imparcial y constatar que a mí lo que me parece evidente es que a mayor fragmentación, más necesidad de acuerdo, lo que es evidente. 

-De lo que sí hemos tenido constancia judicialmente hablando es de que al hablar de corrupción, en la provincia la hemos tenido bajo cualquier sigla política.

-En el tema de la corrupción en el ámbito público aquí hemos tenido lo que yo he definido como un azote de la corrupción, porque fue muy fuerte. Una situación en la que la ilegalidad forma parte del actuar cotidiano. Ahí sí que hay para escribir cuales son las posibles causas de la corrupción en el ámbito público. Si uno mira por ahí en los observadores internacionales y por dónde se orienta la política criminal, parece que es básica la transparencia en la toma de decisiones, eso es fundamental, y que se pueda controlar. El resto, el componente humano es muy importante.

-Resulta, por ejemplo, curioso que en las causas contra el ex alcalde de Tolox, siempre repita que él no tenía conocimiento de que lo que firmaba.

-Lo que reprocha no es que se sepa o no, sino que si asumes una responsabilidad es que va incluido el controlar. Es lo que en derecho penal es ser el garante del bien jurídico, porque tú eres quién decide. Entonces no puedes imputar ignorancia, son las consecuencias de tus actos. Pero que no es fácil eso de acabar con comportamientos corruptos en determinados ámbitos; en el ámbito público no es fácil y la prueba está en que aquí estamos viendo un fenómeno que está muy presente y no exclusivamente de una fuerza política sino que tiene distintas representaciones.

-Se habla mucho de transparencia en lo público y todas las administraciones intentan aplicar estos parámetros, pero realmente llega hasta donde ellos quieran.

-Claro, es que es difícil compatibilizar los intereses que hay en juego con un conocimiento total y sobre todo las energías que supone esa transparencia. Una cosa es que los procesos de la contratación pública se de a conocer a la opinión pública y otra cosa es el derecho a conocer, a estar informado, que el particular pueda hacer. Para eso haría falta una estructura administrativa muy importante. 

-Con Malaya se demostró precisamente esa falta de transparencia.

-De ahí podemos sacar la experiencia, es lo interesante de todo esto, que se puede pensar que era una decisión intencionada. Sustraer del ámbito de la administración pública y pasarlo a unos entes o sociedades privadas, pero dominadas políticamente por la corporación. Es toda una manifestación de intenciones, porque de lo que se trata es de eludir controles, de hecho no hace mucho leía las reflexiones de quien fue secretario de aquella corporación municipal, y claro es que de eso se trata, de que el secretario no se entere, de que el interventor no pinte nada y el asesor jurídico, pues tampoco. Eso es lo contrario a la transparencia. Trasparencia y después control del gasto son los sistemas que yo considero fundamentales.