La Diputación de Málaga pidió ayer a los ciudadanos que recibieron el año pasado una subvención para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que puedan resultar perjudicados al tener que presentar de forma obligatoria la declaración de la renta que anulen "de forma rápida" la concesión de esta ayuda. Para hacerlo, los posibles afectados deben dirigirse a cualquiera de las 22 oficinas del Patronato de Recaudación y rellenar un formulario específico en el que renuncian a esa subvención.

El motivo es que todo aquel que recibe una ayuda pública tiene la obligación de hacer la declaración de la renta, incluso aunque sus ingresos brutos anuales sean inferiores a 22.000 euros. Dicho de otra forma, hay personas que por sus bajos ingresos no tienen que declarar y que este año se han encontrado con la sorpresa de que sí tienen que hacerlo por el simple hecho de haber recibido esa subvención para el pago del IBI. El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, indica que es posible que salga incluso a pagar si los ingresos superan los 14.000 euros, aunque depende de las circunstancias de cada persona.

Esta medida se puso en vigor hace unos años y se aplica, por ejemplo, en el plan Pive para la adquisición de vehículos. No obstante, la novedad radica en que Hacienda obliga desde septiembre del año pasado a las administraciones públicas a informar sobre los receptores de estas ayudas y ahora, al llegar la campaña de la renta, ha saltado la liebre en casos concretos como el del IBI de Diputación.

María Francisca Caracuel, vicepresidenta de Diputación, aseguró ayer que anular esa ayuda "parece que es jurídicamente correcto y puede ser rápido. El Patronato de Recaudación ha estudiado jurídicamente el asunto y tenemos la voluntad de agotar todas las vías para que nadie salga perjudicado".

La Diputación le subvencionó el IBI el año pasado a 114.000 familias en la provincia. La bonificación dependía del valor catastral del inmueble, oscilando entre el 50% en el caso de poseer un valor inferior a los 5.000 euros y el 10% entre los de 75.000 a 100.000 euros. Según los propios ejemplos de la Diputación, una vivienda en Alhaurín de la Torre con un valor catastral de 80.000 euros paga 326 euros y, al subvencionarle el 10%, abonaría 32 euros menos. Una vivienda en Alfarnate con un valor catastral de 19.000 euros paga 111 euros de IBI y se le subvencionó el 35%, es decir, 39 euros.

Las cantidades no son altas, pero la polémica ha saltado por la obligatoriedad de tener que hacer la declaración de la renta. Si la hacen y le sale al contribuyente cero o a devolver, no hay problema, pero si le sale a pagar sí se llevan un disgusto y es a este último colectivo al que la Diputación le permitirá anular la subvención. Caracuel precisó que no saben cuántas personas se han visto afectadas y que se lo comunicarán a Hacienda cuando se conozca el número definitivo de renuncias, de ahí que solicitó la mayor celeridad a los ciudadanos para realizar el trámite. Los que anulen la subvención tendrán que devolver el dinero.

La vicepresidenta de Diputación precisó que la subvención "se dio de buena fe y con la ilusión de ayudar a miles de familias" y que la orden de Hacienda que obligaba a comunicar los nombres de los perceptores fue posterior a la concesión de la ayuda. En cualquier caso, desde septiembre a mayo han pasado varios meses y se están tomando las medidas ahora.

Fuentes de Diputación señalaron ayer que el presidente de la institución, Elías Bendodo, le expuso ayer la situación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al secretario de Estado del departamento, Miguel Ferre, y que éstos se han comprometido a estudiar " a fondo" el caso.