La sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga en la que se condena al Consorcio Provincial de Bomberos a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a la secretaria-interventora, Ascensión Nevado, al entender que ha vulnerado sus derechos fundamentales por acoso laboral, ya es firme. Así, se considera probado que la afectada sufrió actuaciones procedentes de los máximos responsables del organismo (anteriores y posteriores a las elecciones municipales de 2011), que "inducen, propician un ambiente de hostilidad y de vaciamiento de sus funciones esenciales".

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recoge, entre otros, comentarios pronunciados por el entonces gerente José Luis Cámara en una reunión, en la que acusó a la secretaria de ser "una infiltrada del PP", "tener un novio" y "estar liada con un bombero". Los testigos se refirieron a la existencia de un intento de convocar oposiciones a fin de que el personal interino del Consorcio accediera a la condición de funcionario. Según el gerente, la interventora "estaba interesada en paralizar ese proceso", lo que derivó en una manifestación de bomberos en señal de protesta.

En otro encuentro, Cámara la tildó de "vaga y facha", al tiempo que aseguró que venía "de la extrema derecha". El magistrado se refiere también a críticas de Abdeslam Lucena como presidente del Consorcio, quien calificó a la interventora de "buena madre, pero que en la cosa profesional era distinto". Asimismo, comunicó al personal administrativo su intención de abrirle un expediente disciplinario.

En cuanto al actual gerente del Consorcio, Manuel Marmolejo, emitió una nota interna en la que se ordenaba que toda la documentación solicitada por la secretaria fuera autorizada por él. Además, se dio de baja a la denunciante en la aplicación informática para el registro de documento y se le excluyó como secretaria y responsable del asesoramiento legal "de intervención alguna en la petición de informes jurídicos a despachos privados".

Por su parte, el Consorcio interpuso un recurso de apelación contra la sentencia estimatoria, el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado. La demandante, que se encuentra de baja, había solicitado 100.000 euros.