La Gerencia de Urbanismo abre de par en par el debate para transformar el modelo imperante en los últimos años en lo que a la ocupación del espacio público por parte de bares y restaurantes se refiere. Si durante años el Ayuntamiento ha optado por una regulación que facilitaba y promocionaba la actividad empresarial, la saturación que presentan ciertos escenarios urbanos ante la masiva presencia de este tipo de negocios ha hecho que cobre fuerza la vía de la intervención.

Tanto es así que el departamento encabezado por el concejal Francisco Pomares acaba de poner sobre la mesa la necesidad de aplicar controles a la actividad y a la implantación de terrazas en el marco de la nueva ordenanza de Vía Pública, actualmente en proceso de revisión. De facto, el documento de sugerencias supone una revisión profunda de las líneas de acción defendidas hasta la fecha por el área de Comercio. Y lo hace subrayando la necesidad de diferenciar entre el espacio público y el espacio privativo. "Los espacios públicos como calles, plazas, bulevares, plazuelas, ... no deben liberarse del tráfico rodado para pasar a ser ocupados en su práctica totalidad por terrazas, publicidad, cartelería y demás elementos que impiden el disfrute público y directo por los ciudadanos", se relata en el documento, en el que se plantea la posibilidad de combinar "el uso de terrazas con otros modos de aprovechamiento". El ejemplo a evitar es el de la Plaza de las Flores, saturada por este tipo de instalaciones, mientras que la línea a seguir es la ahora marcada para el entorno de la Catedral, donde se acota de manera drástica la zona de terraza.

El escrito, al que tuvo acceso este periódico, cuestiona, por ejemplo, el empleo de la figura de los planes de aprovechamiento, utilizada de manera extendida por Comercio para acordar con los empresarios las condiciones de instalación de terrazas sobre la vía pública. "La revisión del texto de la ordenanza debe aprovecharse para regular de modo directo el máximo número de terrazas posible sin obligar a la tramitación posterior de un plan de aprovechamiento salvo que se trate de un caso de una complejidad y singularidad extrema", señalan los técnicos municipales, para los que esta labor de modificación ha de servir para que cualquier interesado conozca de modo directo "los derechos y deberes que tendrá en caso de solicitar la ocupación de vía pública, sin dejarlo a expensas de un plan de aprovechamiento que supone una indeterminación jurídica y una posible vía de desigualdades".

Al respecto, consideran que la remisión a un plan de aprovechamiento "puede dar lugar a confusión por parte de inversores, hosteleros, comerciantes y ciudadanos que puedan esperar una posible exención de las determinaciones de la ordenanza mediante la tramitación del mismo".

Otra de las preocupaciones de Urbanismo está vinculada a la "inseguridad ciudadana que se deriva de la imposibilidad de acceder a los inmuebles por parte de los servicios de emergencias, sobre todo emergencias sanitarias". Por ello, se subraya la necesidad de fijar como obligatorio el mantenimiento de un paso libre de 3 metros (1,5 metros desde el eje de la vía para facilitar la rapidez de evacuación), primando este detalle "por encima de cualquier ocupación de vía pública".

En el supuesto de las calles con una anchura inferior a los 3 metros, "la ocupación no debería ser por tanto posible", facilitando con ello la accesibilidad de personas con movilidad reducida, el transporte de mercancías en carritos, la recogida de residuos urbanos con furgonetas de pequeño tamaño y mejorando la contaminación acústica. Al tiempo, Urbanismo incide en que "no deberá permitirse ningún obstáculo fijo que disminuya o entorpezca" una anchura de 5 metros para permitir la maniobra de los vehículos de Bomberos.

Urbanismo, además, aboga por buscar "el equilibrio y la proporcionalidad" en el ámbito del Centro Histórico de tal modo que la terraza que se autoriza a un local "sea proporcional a la superficie cerrada e interior" del propio establecimiento. "No parece razonable permitir a un local una ocupación de vía pública desproporcionada respecto a su tamaño original", apostilla el departamento municipal.

El aspecto sancionador es otros de los reseñados por el departamento dirigido por Francisco Pomares. A juicio de los técnicos encargados de analizar la situación, las sanciones derivadas del exceso de ocupación "no deben reducirse ya que es evidente que con una hora de servicio de esa 'mesa de más' se abona la sanción y se obtienen además claros beneficios". Incluso, discrepan de la idea de que pueda incumplirse la ordenanza un mínimo de dos veces, al entender que ello "aumenta a su vez el número de incumplimientos posibles". En este sentido, defiende que las sanciones "se complementen con cierres temporales de las terrazas incumplidoras", al objeto de evidenciar las sanciones y que las mismas tengan mayor efecto.

Pomares explicó a Málaga Hoy que con estas sugerencias el ente se convierte en "espejo de lo que la gente del centro demanda". Si bien debe ser Comercio el área que confirme finalmente la inclusión o no de estos planteamientos, el edil del PP incidió en la necesidad de que la nueva norma recoja lo marcado ya en el avance de la revisión del Pepri. "No sería normal que salga la ordenanza y diga cosas contrarias a lo que ahora se plantea para el nuevo Pepri", dijo.