La gestión de la empresa mixta de limpieza de Málaga, en la que el Ayuntamiento de la capital tiene una participación del 49% frente al 51% restante que está en manos privadas (FCC, Urbaser y Sando), le está saliendo cara a las arcas municipales desde que en abril de 2001 entró en vigor el actual contrato para prestar este servicio. El Consistorio de la ciudad ha pagado a la sociedad unos 66 millones de euros entre 2005 y 2014 en concepto de compensación económica para restablecer el desequilibrio económico que supusieron las mejoras salariales de los trabajadores acordados en los primeros años del contrato y que suponen garantizar pase lo que pase unos beneficios anuales.

Lo reconoció el propio gerente de Limasa, Rafael Arjona, durante su comparecencia en la comisión que investiga la gestión de la empresa desde su inicio y en la que se vivieron momentos de tensión. Eso ha supuesto al Ayuntamiento un coste anual medio en ese periodo de más de siete millones de euros para compensar económicamente a los privados por el desequilibrio financiero que supuso la firma de los convenios laborales de 2001 y sucesivos y que incluían importantes subidas salariales a los trabajadores. Fue la razón de que en marzo de 2005 se aprobara en un Pleno este concepto, que fija que el beneficio de la empresa antes de impuestos no podrá ser inferior al 2% de la cifra total de facturación del año.

Pero esa cantidad, además, se une a los alrededor de 2,2 millones de euros por la llamada asistencia técnica que también recibe la parte privada de manos del Consistorio malagueño al término de cada ejercicio y que ayer fue duramente criticada por todos los grupos de la oposición. Arjona admitió que desde abril de 2001 cuando entró en vigor el contrato de Limasa III se ha pagado a los socios privados 24.632.235 euros, que corresponden al 2,5% de la producción anual por el supuesto asesoramiento que prestan a la sociedad en temas financieros, legales y técnicos. "no está dentro de mis competencias valorar si es caro o barato porque está recogido en el contrato en vigor y que además aprobó un Pleno", se justificó el gerente.

Sin embargo, los grupos de la oposición en bloque criticaron por considerarlo "un beneficio encubierto" y que el concejal de Málaga Ahora Juanjo Espinosa reprochó que "no se diga claramente en que se está gastando la pasta de los malagueños". En su turno de preguntas, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento, Raúl Jiménez, en cambio, salió a la defensiva y preguntó al gerente de Limasa desde cuándo se aplicaba el concepto de asistencia técnica, a lo que éste respondió que "es un concepto heredado de Limasa II" cuando era alcalde de la ciudad el socialista Pedro Aparicio. Pero además recalcó que también formaba parte del contrato de Limasa I y aseguró que "la estructura y el modelo han sido el mismo en los tres casos".

Eso provocó la respuesta de la concejal del PSOE Begoña Medina, e incluso las protestas de los miembros del comité de empresa que se encontraban entre el público, y que le preguntó a Jiménez que "por qué no se quita si no es una obligación mantenerlo" y señaló que "el beneficio económico a la parte privada cada año se lo hado el PP porque con Pedro Aparicio no existía".

El gerente de Limasa también puso la mesa ayer la cantidad de beneficios obtenidos por la sociedad, a repartir entre el Ayuntamiento y sus socios entre abril de 2001 y diciembre de 2014, y que asciende a 13.455.606,95 euros.

Los otros puntos más controvertidos de la comparecencia fueron las contrataciones que se realizan en la empresa y las certificaciones que se realizan por los servicios de limpieza extra prestados. Sobre el primer aspecto, y a preguntas de la concejal de IU-Málaga para la Gente, remedios Ramos, recordó que las contrataciones en Limasa al ser una sociedad con capital mayoritario privado "no se rigen por igualdad, mérito y capacidad" y reconoció mantener "vínculos personales" con una trabajadores de la empresa, si bien se defendió diciendo que "no me dedico a preguntar por los vínculos de las personas y las relaciones que existen".

En cuanto a las certificaciones, negó que haya "ilegalidades ninguna" al respecto porque "todos los servicios que se certifican se prestan". Arjona defendió que el servicio de limpieza que se presta es el adecuado "con respecto a los medios de los que se dispone", aunque se negó a ponerse nota a su gestión tal y como el pidió el presidente de la comisión de investigación y concejal de Ciudadanos, Juan Cassá.

Precisamente, durante el turno de preguntas de éste, ambos mantuvieron una pugna dialéctica al negarse Arjona a dar públicamente uno de los nombres de los responsables de la empresa, a lo que Cassá le contestó "cuando hacemos una comisión de investigación usted tiene que dar los datos, por eso se hace, sino sería una reunión de amiguetes metidos en un despacho sin luz y taquígrafo".

La comisión de investigación de ayer dará paso a una nueva semana intensa en el seno de Limasa. Mañana, los trabajadores de la empresa están convocados por el comité para celebrar una asamblea en la que se decidirá cuándo y cómo llevarán la huelga del servicio prevista ante el conflicto abierto que mantiene con la dirección por el convenio colectivo. Además, ambas partes deberán acudir el lunes al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para fijar los servicios mínimos del paro convocado.