¿Había deparado alguna vez en las tareas que se le exige a un sepulturero? Albañilería, jardinería, pintura, limpieza y hasta asesoramiento y apoyo a otros compañeros en aquellas labores en que tenga un mayor dominio profesional. Un total de 63 personas han presentado su solicitud para acceder a las pruebas que el Ayuntamiento de Álora ha convocado a fin de encontrar a un enterrador que sustituya al que ya se ha jubilado después de unos 20 años de trabajo.

El examen teórico, celebrado ayer en el Colegio Público Miguel de Cervantes, consistió en un cuestionario tipo test de 40 preguntas con cuatro alternativas de respuesta. Los aspirantes debían reflejar conocimientos sobre la ley mortuoria y normativa municipal, mientras que, en la parte, práctica la idea es demostrar que son capaces, por ejemplo, de instalar una lápida. "Muchas veces hay que hacer traslado de restos y que incinerar cuerpos", afirmó el alcalde del municipio, José Sánchez, que no se explica la expectación que la oferta ha generado entre los medios de comunicación. "Es una convocatoria de trabajo como otra cualquiera. Estoy extrañado, ha creado mucho revuelo", expresó el regidor. La retribución económica del sepulturero está fijada en unos 1.200 euros al mes y supondrá a la persona que se haga con la plaza pasar a ser personal laboral indefinido del Consistorio del municipio perote. Sus funciones se centrarán en la apertura y cierre del cementerio, inhumaciones, exhumaciones y todas aquellas inherentes a las tareas funerarias, aquellas relacionadas con el horno crematorio, así como servicios de mantenimiento y limpieza en general del cementerio, según se recoge en las bases de la oferta pública.

Los técnicos municipales del tribunal calificador, los mismos que han preparado las pruebas, evaluarán los resultados, que previsiblemente se conocerán la próxima semana. Para presentarse al examen, los solicitantes debían tener nacionalidad española, haber cumplido los 16 años o no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, poseer capacidad funcional para desarrollar el trabajo, no haber sido expedientado por cualquier administración pública y estar en posesión del certificado de escolaridad.