Más de un mes lleva el Ayuntamiento de Málaga a la espera de que el Gobierno central les arroje luz sobre qué hacer con los 1.300 trabajadores que forman la plantilla de la empresa mixta de limpieza Limasa en el caso de optar por la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad a partir de abril de 2017. Pero todo indica que la respuesta de la Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se hará esperar aún más porque ha pedido más datos antes de poder pronunciarse al respecto.

El Consistorio recibió el pasado viernes la petición de este organismo de enviarle más documentación sobre la sociedad mixta, tales como el actual convenio colectivo, el contrato vigente con los socios privados y los estatutos de la empresa. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, confirmó a este periódico que toda esa información se envió el pasado lunes y que "no existe un plazo determinado para recibir respuesta".

El problema es que la decisión sobre si el servicio debe ser municipal o privado a partir del año que viene depende en gran medida de ese informe. Al menos, el equipo de gobierno del PP prefiere esperar a que la Dirección General de la Función Pública se pronuncie antes de proseguir las conversaciones con los trabajadores de Limasa, ya que no está claro de qué manera se podría materializar el paso de los 1.300 trabajadores fijos de la sociedad mixta de limpieza a la estructura municipal. Es decir, si pasarían a indefinidos de forma automática o sería preciso sacarlas a concurso público.

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, entiende que hasta que no se disponga de este informe no habrá una nueva reunión con los sindicatos del comité y, por tanto, el debate estará parado hasta entonces.

Mientras, los sindicatos que forman parte del comité de Limasa deben estudiar la propuesta de convenio colectivo que plantea el equipo de gobierno como condición sine qua non para plantear la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, tal y como en un principio plantean los trabajadores.

Ese convenio, en el caso de ser aceptado por la plantilla y que el servicio sea gestionado por una Sociedad Anónima Municipal (SAM), tendría una duración de ocho años. Pero para eso los trabajadores tienen que renunciar, en primer lugar, a un 20% de su sueldo de forma proporcional en todas las categorías para equipararse a los salarios del resto de los trabajadores municipales y así se blinda además la posibilidad de futuras reivindicaciones de subida.

Eso sí, esa bajada salarial se podría compensar con el cobro de un plus de productividad siempre que el trabajador cumpla con una serie de indicadores. Así, por ejemplo, el borrador de convenio establece que en el caso de los operarios de recogida de residuos se tendría en cuenta el porcentaje del cumplimiento del recorrido, el número de averías que sufren los vehículos y el número de incidencias en los contenedores, entre otros.

Pero, además, los trabajadores de Limasa deberían asumir una carga de trabajo de 35 a 37,5 horas a la semana, y renunciar a cuestiones como los puestos hereditarios y a los incrementos de los pluses de antigüedad que se congelarán definitivamente.

Si a eso se suma que el Gobierno central determine finalmente que las plazas que ocupa la plantilla de la empresa deberían salir a concurso público, la opción de que el Ayuntamiento se decante por la municipalización del servicio se complicaría.

No obstante, el regidor malagueño sorprendió a todos el pasado jueves, durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta sobre Limasa, con una nueva posibilidad no incluida hasta ahora en las quinielas. Así, abrió la puerta a la opción de gestionar públicamente el tratamiento de basura y privatizar la recogida y la limpieza. Es una de las fórmulas que se barajan y que supondría, según explicó De la Torre, externalizar el servicio de la limpieza viaria, que "es la parte más complicada", e incluso dividir el contrato en dos sectores de la ciudad. En el caso del tratamiento de los residuos sería una empresa pública la que se encargaría de su gestión. Se mantiene la duda sobre la recogida, que podría encajar en uno u otro modelo. Eso sí, sea cual sea el modelo que finalmente se elija el contrato tendrá una duración máxima de ocho años frente a los 16 del actual.

C's lleva al Pleno la contratación de Limasa III

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento lleva una moción para el Pleno que comienza hoy sobre la gestión de recursos humanos en Limasa III. La formación naranja preside la Comisión de Investigación sobre la empresa de limpieza e instará al equipo de gobierno a que no se incremente el número de eventuales en situación fraudulenta por concatenación de contratos, lo que entiende C's que se debe a una "mala gestión de los recursos humanos". Por otro lado, exige al gobierno municipal que la nueva bolsa de trabajo que se está creando se ordene por antigüedad como trabajador fijo en la empresa y que se justifiquen los futuros aumentos de plantilla con los criterios de selección de trabajadores. El grupo naranja es socio de investidura del Partido Popular en el Ayuntamiento y pide la comparecencia de Carlos Conde, delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos sobre la liquidación de la deuda de Limasa .