El futuro incierto al que se enfrentan 155 chiringuitos de la provincia continúa sin que se consiga avanzar hacia una línea de actuación concreta. La Junta de Andalucía sigue sin tener claro el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo, que anula el derecho de preferencia de los actuales empresarios que ocupan establecimientos en dominio público marítimo-terrestre sin concesión, por lo que la reunión que los empresarios mantuvieron ayer en Sevilla con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, a petición de esta última, fue poco fructífera.

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Norberto del Castillo, aseguró una vez concluido el encuentro que en el mismo los técnicos de la Junta les expusieron sus dudas en algunos aspectos concretos sobre los que ha de pronunciarse el equipo jurídico del Gobierno andaluz a la vuelta de las vacaciones. La reunión forma parte del grupo de trabajo creado a principios de mes por la Junta con representantes del sector para tratar de que no se paralice por completo el proceso para la tramitación de los expedientes de los chiringuitos, iniciados el pasado mes de abril. Sin embargo, Del Castillo lamentó que, en el mejor de los casos, no será "por lo menos hasta la primera quincena de septiembre cuando se consiga avanzar". "Según la Junta, ellos lo hacen con la mejor voluntad para que luego no tengamos que paralizar los expedientes otra vez, pero la cuestión es que siempre estamos paralizados. Seguimos estando igual que hace doce años y los afectados no tienen más paciencia", matizó el presidente de la Federación de los empresarios de chiringuitos.

Durante la reunión, sobre la que la Junta evitó hacer declaraciones o comentarios al respecto, los empresarios volvieron a defender la postura que vienen manteniendo desde que se tuvo conocimiento del pronunciamiento del Alto Tribunal. "Oficialmente no hay nada, la sentencia no se ha publicado en el BOE [Boletín Oficial del Estado], el Ministerio no ha mandado ninguna modificación de la ley ni del reglamento y, por lo tanto, no entiendo que la Junta tenga que estar esperando porque van a mandar algo y entonces paralice el proceso", concretó el presidente de Faeplayas.

De Castillo apuntó a que el paso natural debería haber sido seguir avanzando en los expedientes de concesión abiertos y una vez que se concrete el alcance de la sentencia del Supremo, analizar "en qué situación estamos, pero no paralizarlos de forma preventiva". Además aclaró que se debería tener en cuenta la siguiente premisa: "Nosotros tenemos un reconocimiento administrativo con una ley en vigor en ese momento, por lo que no nos parece lógico que después nos perjudique porque se cambie la ley".

Norberto del Castillo volvió a insistir en los "agravios comparativos, porque en Granada, por ejemplo, se dieron las concesiones, se construyeron las instalaciones y llevan más de medio año abiertos, mientras que en Málaga no se ha dado ni una sola. Ni siquiera hemos dado el primer paso y son muchos años ya en estas condiciones". "Lo que queremos es avanzar para ofrecer mejor servicio, más calidad y planificar el futuro empresarial y las plantillas de personal, y si puede ser, para un plazo largo", concluyó.

"Estabilidad y seguridad jurídica a los empresarios", el objetivo

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta no enviaron comunicación alguna sobre el encuentro mantenido con los empresarios de playas, pero el consejero Turismo, Francisco Javier Fernández, sí que destacó por la mañana que el objetivo del Gobierno andaluz es dotar de "estabilidad y seguridad jurídica a los chiringuitos ". Preguntado durante una rueda de prensa de balance de los datos turísticos, Fernández recordó que la prioridad es "encontrar los instrumentos y herramientas que permitan sortear o solucionar el problema creado por la sentencia de Supremo" y conseguir que "este camino que se tiene que recorrer entre empresarios y Consejería [de Medio Ambiente] se realice desde el diálogo y la colaboración". El titular andaluz de Turismo insistió en los "valores definitorios que aportan los chiringuitos en nuestra oferta de playas", por lo que abogó por su puesta en valor y su mantenimiento. En la provincia son más de 150 los negocios que se quedan en el limbo con el pronunciamiento del Alto Tribunal, paralizando el proceso de tramitación iniciado el pasado abril.