El conflicto abierto después de que el Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación malagueña, embargase a la Junta de Andalucía el antiguo edificio de Correos gana en intensidad. Tanto es así que ayer saltó las fronteras malagueñas para ser asunto de debate y confrontación en el Parlamento andaluz. Al mismo acudió la diputada del PP Carolina Navarro con el interés de conocer los pasos que tiene previsto dar la Administración regional para desbloquear el asunto. Ante la invitación, Montero arremetió contra la institución provincial, al entender que ha actuado de manera "desleal", y contrapuso el proceder del Gobierno andaluz ante los ayuntamientos que le adeudan dinero.

En el caso concreto de la provincia, la consejera elevó a 141 millones de euros el débito existente, a pesar de lo cual la Junta no ha acudido al embargo de sus bienes. "No se nos ocurre declarar la providencia de apremio para embargar a los ayuntamientos", expuso en el marco de la Comisión de Hacienda celebrada ayer. De la cifra aportada, 42,7 millones de euros corresponden al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.

Por el contrario, Montero situó en 27,4 los millones que en la actualidad la Junta adeuda a los municipios malagueños. "Está usted intentando justificar la actuación de la Diputación", dijo, vinculando este proceder a una fórmula "de deslealtad institucional". Por el contrario, el Gobierno regional "prefiere la fórmula del diálogo y la comprensión".

En el caso de Correos, embargado por la existencia de una deuda autonómica con 74 municipios por valor de 8,8 millones de euros, Montero informó de que la providencia de apremio fue remitida por el organismo provincial el pasado mes de junio, ante la que se presentaron alegaciones. Las mismas cuestionaban la imposición de recibos por valor de 2,5 millones de euros, al entender que "que no se correspondía con ninguna deuda de la Junta".

Según desglosó en la comisión, el organismo incluía que correspondía a otras administraciones públicas u organismo, "incluso reclamaciones de particulares como las que derivan de viviendas ya amortizadas del parque público". "Se reclamaba el IBI por bienes que no están sujetos a este impuesto, fundamentalmente monte público, dominio público hidráulico, infraestructuras viarias y zonas funcionales, o los centros de enseñanza", insistió, al tiempo que aludió a la existencia de "deudas prescritas, recibos no identificados adecuadamente y otros abonados con anterioridad". Asimismo, informó de que se realizó un primer pago de 415.000 euros "para manifestar nuestra voluntad de liquidar la deuda", razón por la que mostró la sorpresa causada por el paso dado por la Diputación.

Para la consejera, tras la formulación de las alegaciones lo que procede por parte de la Diputación es "rectificar la orden de embargo, cosa que no ha hecho". "Todos tenemos que seguir el procedimiento y lo que corresponde es interponer recursos de reposición, que es lo que se hace para cuantificar la deuda y realizar el abono, como no podía ser de otra manera", insistió. Ante estos apuntes, Navarro señaló que aunque haya 2,5 millones en los que existen discordancia, "hay una diferencia sustancial que avala y sustenta la medida adoptada por el Patronato de Recaudación". "A la Administración se le presupone un deber de predicar con el ejemplo. ¿Qué ejemplo damos a los cientos de andaluces a los que la Administración le embarga a diario sus cuentas, hasta sus casas, cuando ante un impago reiterado de una Administración no se actúa?", insistió.