Una licencia de obras ilegal o un convenio que se salta la ley no son los únicos casos de corrupción que pueden saltar en un ayuntamiento. El juez Miguel Ángel Torres, ex instructor del caso Malaya, alertó ayer de prácticas ilícitas que pasan "desapercibidas", como un concurso o la contratación de obras públicas, una posible malversación en una adjudicación o la contratación de personal. Hay más "fenómenos de corrupción" que pueden pasar de puntillas, en opinión del magistrado, como el patrocinio o la financiación de actos por parte de un empresario con intereses en la zona que a la larga benefician al alcalde de ese municipio.

Torres, que también abogó por modificar el régimen de incompatibilidades para evitar que un cargo pueda tener intereses donde ejerce, expuso estas ideas en unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Local (ISEL), dependiente de la Diputación. Junto a él se sentaron en la mesa el delegado en Málaga de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, y el inspector del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Rando, uno de los principales investigadores del caso Malaya. Las ponencias fueron presentadas por el ex comisario provincial José Gutiérrez Valenzuela.

El magistrado apostó por profundizar y no limitar las investigaciones sobre corrupción política a una mera infracción administrativa, como la prevaricación, y ahondar en el beneficio económico que haya podido obtener un funcionario o cargo público. Ahí entra en escena el blanqueo de capitales. Una de las cuestiones que puso sobre la mesa es la imagen social de los delitos vinculados a la corrupción política. "Pensamos que no tienen consecuencias; no se percibe como un mal, como algo negativo, sino como algo incluso positivo". Por ejemplo, la construcción genera empleo y riqueza. "Nadie piensa que tras una urbanización con una licencia ilegal puede haber un tema de drogas y hasta un homicidio", dijo, sobre la relación de estos delitos, como el blanqueo, con el crimen organizado.

El inspector Rando explicó los conceptos de "corrupción negra", castigada por el Código Penal; la "gris", más ambigua y no castigada socialmente, aunque sí por la ley, como un fraude a la Hacienda Pública; y la "blanca", no sancionada ni por la ciudadanía ni por el Código Penal, donde incluyó los casos de enchufismo o los regalos.

Los tres ponentes coincidieron en casi todo, como en incrementar los medios y activar juzgados especializados de ámbito regional. López Caballero apostó por la incorporación de agentes encubiertos en las investigaciones, como se hace en narcotráfico y terrorismo, y los tres pidieron la regulación de las escuchas telefónicas y la incorporación de la figura del "arrepentido" para combatir la ausencia de denunciantes. "Se puede condicionar una reducción de penas o un beneficio penitenciario a quien devuelve los bienes obtenidos ilícitamente o decida confesar los hechos", dijo el juez.

Otra reivindicación de Torres, titular del juzgado de lo Penal número 5 de Granada, fue el aumento de las condenas. "Muchas veces hay penas mínimas y procesos demasiado largos en la delincuencia de guante blanco", aseveró.