El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Salvador Pendón, volvió a ponerse ayer del lado de los alcaldes de municipios de la Axarquía sobre los que pesan desde hace años numerosas denuncias por irregularidades urbanísticas al permitir la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable. El dirigente provincial insistió en que no se puede "demonizar" la situación que se vive en esta zona de la provincia y en defender que las actuaciones sean tramitadas por la vía administrativa y no penal, como reclaman los regidores.

Pendón, que dijo ignorar el número de construcciones al margen de la ley que se levantan en este territorio, que los ecologistas sitúan en 20.000, reclamó dar pasos en pos de regularizar buena parte de las mismas mediante tres vías "no descabelladas": los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) que se ultiman en los municipios; ciertas modificaciones en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Axarquía, impulsado por la Junta de Andalucía, y un plan de regularización "a semejanza" de los que se han puesto en marcha en otros puntos de la región.

Estos instrumentos permitiría dar visos de legalidad a lo que hoy es irregular. Aunque no a todas. "Algunas quedarían fuera de ordenación y a esas habría que aplicar aspectos disciplinarios", comentó, al tiempo que recordó que la mayoría de las construcciones irregulares de la comarca "no están en suelos protegidos", lo que puede allanar el camino de la regularización.

"Ahora lo que procede es no demonizar una situación que comporta signos de irregularidad pero que no excede a los que se dan en otros territorios de la comunidad. No entiendo por qué en la misma provincia se habla con absoluta tranquilidad de legalizar 30.000 viviendas ilegales en Marbella y pretendemos que la única solución en la Axarquía sea imputar a los alcaldes", sentenció.

Por ello, insistió en reclamar que antes de cualquier otra intervención se den los pasos "administrativos, técnicos y políticos" necesarios para normalizar la situación. "No pensemos que todos los alcaldes de la Axarquía han actuado con mala fe, con la idea de saltarse la ley y pensemos que se han encontrado con una situación que les empujaba hacia una determinada acción", apostilló.

El presidente de la institución supramunicipal incluso aludió a la "angustia" que, consideró, deben tener determinados regidores en este escenario, a la que se sumó la de vecinos que "no saben qué va a pasar con las viviendas que tienen". Todo ello, opinó, "puede crear un clima enrarecido". Según datos de la Junta de Andalucía, los jueces y fiscales investigan más de 60 causas urbanísticas en la zona de Axarquía, al tiempo que se han tramitado entre 1997 y 2009 un total de 1.400 denuncias urbanísticas.