El Pleno del Ayuntamiento de Málaga mostró hoy su oposición a cualquier decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino o de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que no suponga la consolidación de la zona urbana existente en las antiguas playas de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias y Playa Virginia. Además, el alcalde, Francisco de la Torre, defendió la calificación de estas casas como colonia tradicional popular y subrayó que dejarlas fuera de ordenación, aunque no conlleve el derribo, "supone una inseguridad jurídica, no poder tener licencia ni hacer un mantenimiento ni ningún planteamiento de reforma".

Por ello, en la moción urgente presentada por el PP, que contó con el voto en contra de IU y la abstención del PSOE, se instó también a ambas administraciones a que acepten la ordenación dada por el Ayuntamiento en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación final para las casas de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, "en coherencia con la ordenación aprobada en el planeamiento de 1983 y 1997 para estas barriadas".

El alcalde precisó que dejar fuera de ordenación estas casas sin plantear una solución "crea un interrogante, es una palabra que no tranquiliza a nadie", a lo que añadió que "los vecinos quieren también tener las escrituras de las casas y eso lo impide el decir que está en dominio público marítimo-terrestre".

El regidor del PP señaló que si "en el PGOU de 1997 se consiguió una solución, no será tan difícil" alcanzarla ahora. "Hay que poner imaginación y voluntad política" para encontrar una alternativa en base a un deslinde que "reconozca la realidad de estas viviendas" y, una vez llevado a cabo, hacer la desafectación para que estos vecinos "tengan sus propiedades completamente regularizadas".

Ante las críticas de los grupos de la oposición, PSOE e IU, en torno a que los únicos que hablaban del derribo de estas casas eran el alcalde y el PP, De la Torre rechazó que su grupo pretenda "crear alarma" u obtener "rédito político", y explicó que su preocupación surgió ahora a raíz del informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) con relación al PGOU de Málaga, donde se propone que estas casas estén fuera de ordenación.

Pidió, de hecho, a la Dirección General de Costas que "haga un 'sprint' para analizar este tema, de modo que la garantía de las viviendas sea total", ante lo que consideró la conveniencia de "aprovechar la coyuntura de la última recta del PGOU para que el Ministerio afronte esto con valentía y vayamos hacia delante".

En opinión del portavoz socialista, Rafael Fuentes, el objetivo de De la Torre con esta iniciativa es "desviar la atención" después de "demostrar su mala gestión en el PGOU y su falta de visión democrática al quitar la palabra de los malagueños en los plenos a través de sus representantes políticos".

Ante esta situación, el edil del PSOE acusó al alcalde de "crear demagogia" y le dijo que "eso no es ser gobernante ni político ni responsable". Por ello, le pidió que "no confronte y trabaje en la búsqueda de una solución".

También el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, opinó que la actuación del PP responde al "despecho" por "la devolución del PGOU" por parte de la Junta, por lo que "ahora necesita abrir otro frente". De hecho, consideró que la moción popular era "de imposible cumplimiento", ya que "la voluntad debe ser la conservación de esas viviendas, pero siempre en el marco de la ley".

Así, confío en que Costas "hará los esfuerzos necesarios en el marco de la legislación vigente para hacer cumplir la ley y no generar inquietud entre los vecinos". De hecho, este órgano informó ayer de que está estudiando una solución legal a estas viviendas.

Moreno Brenes insistió, además, en que "el alcalde ha sido el único que ha hablado de derribos" y aseguró que, aunque las viviendas estén fuera de ordenación, ello "no significa su demolición y se pueden hacer obras de conservación".

Por otra parte, el Pleno aprobó también una moción urgente del PP para instar a la Junta a que modifique las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), ya en vigor, con relación a las 200 hectáreas para una zona productiva, logística y dotacional entre la capital y Cártama, de modo que se permita a la iniciativa privada desarrollar los usos productivos y empresariales propuestos en el PGOU.

Este punto contó con el apoyo de IU y la abstención del PSOE, que argumentó que ya existen conversaciones entre los vecinos afectados --450 familias de Santa Rosalía, en el distrito de Campanillas-- y las consejerías de la Junta implicadas, por lo que cualquier actuación debería enmarcarse en ese diálogo y en función de los estudios oportunos.

Se aprobó también, aunque con la abstención de IU, que el Ayuntamiento reconsidere la sectorización de los sectores y los sistemas generales de esta zona previstos en la aprobación provisional del PGOU para calificarlos como sectorizados en lugar de no sectorizados, potenciando así las actividades empresariales y que sean los propios propietarios los que desarrollen esos usos.

De la Torre defendió que "hay un uso para este territorio más productivo e inteligente que un puerto seco, que generaría más puestos de trabajo por hectárea ocupada", agregando, además, que "no está demostrada la necesidad de ese puerto seco, pero si la hubiera, búsquelo en otra zona, en Cártama o en Antequera", apostilló.

Según el concejal socialista Sergio Brenes, la propuesta del PP persigue "meter el ojo después de que se haya rechazado el PGOU y para eso utilizan a los vecinos". Tachó de "oportunista" esta moción, al tiempo que mostró la disposición de su grupo a trabajar con los afectados y a "luchar en lo posible para que el compromiso con ellos se cumpla".

Moreno Brenes se opuso al puerto seco porque "va en contra de las necesidades de los vecinos y, además, hay otros municipios que estarían dispuestos a acogerlo", pero consideró un "error" hablar ahora de la sectorización.

María José Vázquez, en representación de las familias afectadas, expropiadas hace 40 años de Peñarrubia y trasladadas a Santa Rosalía, recordó que, tras muchas protestas, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, "dio su palabra de que esa plataforma logística o puerto seco no iba a coger ni un solo metro de nuestras tierras". Sin embargo, sí aparece una zona para este uso en el Potaum.