Al edificio de Correos, que hace apenas unas semanas fue protagonista del pago de la deuda histórica del Gobierno central a la Junta de Andalucía, le ha salido una segunda piel. Aunque en este caso es una piel un tanto postiza. Desde principios de esta semana, trabajadores de una empresa especializada están instalando unas mallas de grandes dimensiones que cubren de arriba a abajo las fachadas del inmueble. La decisión, adoptada por la Dirección General de Correos, se produce después de que hace algo más de un mes los empleados del servicio informasen de la caída de pequeños trozos de piedra de la construcción.

Así lo aseguró ayer el representante sindical de CCOO en Correos, José Luis Martín, quien destacó que el último incidente tuvo lugar hace más o menos un mes y medio. "Ya denunciamos que caían cascotes del edificio y que había peligro para los viandantes", comentó el portavoz sindical, quien incluso apuntó que se llegó a advertir a la empresa con acudir a la Inspección de Trabajo si no se adoptaban medidas para subsanar la situación. Es ahora cuando se ha dado los pasos para salvaguardar la zona ante posibles nuevos incidentes. Este periódico trató, sin éxito, de conocer la posición oficial de Correos.

"Desde la dirección nos dijeron que iban a poner redes", apostilla Martín, quien indica que la actuación la está costeando directamente Correos, con independencia de que el inmueble haya pasado de manos del Gobierno a la Junta. Precisamente, en un intento por conocer en qué situación quedan los trabajadores de Correos que actualmente ocupan este inmueble, el representante de CCOO informó de que el pasado martes de envió un escrito a la dirección general. "Queremos saber en qué situación quedamos los trabajadores, porque para nosotros el edificio es ya de la Junta", añadió.

Este es el único inmueble o parcela de la provincia de Málaga que el Gobierno central ha incluido como parte del pago de la deuda histórica contraída con Andalucía. De momento se ignora el uso que la Administración autonómica dará al inmueble, pendiente de una obra de rehabilitación valorada en unos 10 millones de euros y que fue licitada hace varios años por el Gobierno sin que se haya llevado a cabo hasta el momento. El lastre que pesa sobre la construcción es que, de acuerdo con los actuales parámetros urbanísticos, sólo puede ser destinado a equipamiento o uso institucional.