El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzgará desde hoy al que fue titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, por ofrecer supuestamente favores judiciales a cambio de beneficio económico durante la conocida como operación Hidalgo. Urquía, a quien la Fiscalía atribuye la presunta autoría de dos delitos de prevaricación y cohecho en esta causa en la que figuran otros tres acusados, se enfrenta a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros.

El juicio comenzará con las cuestiones previas, mientras que el martes tendrá lugar el interrogatorio a Urquía y a los otros tres acusados; a partir del miércoles, a los testigos propuestos por el fiscal, la acusación particular y las defensas, y el 27 de mayo se presentarán las pruebas periciales, audiciones y documentales, según el TSJA.

La presidencia del tribunal ha recaído sobre el magistrado de la Sala de lo Social Manuel Mazuelos, después de que fueran recusados el presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y el magistrado de este órgano Jerónimo Garvín. Según el escrito de acusación del fiscal, que pide penas de entre uno y dos años de cárcel y multas de hasta ocho millones de euros para los otros tres acusados, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella favoreció a algunos de los imputados en el caso Hidalgo, abierto contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.

De Urquía, aprovechando su competencia como instructor de esta causa, se puso de acuerdo con sus amigos I. M. L. y A. F. A. para obtener un beneficio económico a cambio de ofrecer favores judiciales, dado que éstos conocían a algunas de las personas afectadas por el procedimiento. Así, sabían que uno de los imputados, dueño de un hotel, estaba preparando una operación de venta del establecimiento, la cual se veía impedida por las medidas cautelares dictadas por el juez, que incluían la prohibición a los imputados de disponer de algunos bienes.

A. F. A. contactó con un amigo del dueño del hotel para hacerle llegar su oferta de conseguir el levantamiento de las medidas adoptadas sobre sus propiedades a cambio de 5 millones de euros, la cual éste rechazó. Por su parte, I. M. L., responsable de una revista, se reunió en varias ocasiones con el hijo del empresario hotelero para reiterar el ofrecimiento en varias conversaciones que fueron grabadas por su interlocutor y en las que fue elevando el precio de la intervención hasta los 8 millones.

El hijo del dueño del hotel denunció estos hechos ante la Guardia Civil, se incoaron las diligencias previas y se acordaron varias escuchas telefónicas, tras lo que en una entrevista bajo vigilancia policial I. M. L. repitió su oferta.

Por otra parte, A. F. A. también se puso en contacto con otro de los imputados en el caso Hidalgo, A. K., después de que se hubiera decretado prisión provisional sin fianza para su esposa y su sobrino, y le ofreció, tras haberlo concertado con De Urquía, lograr la libertad bajo fianza de ambos a cambio de 60.000 euros. Según el fiscal, A. K. entregó a su sobrino la cantidad acordada para que se la hiciera llegar a A. F. A. y De Urquía dictó autos de libertad provisional con fianza para los dos.