La Policía movilizó medio centenar de agentes y tardó cuatro años en poner al descubierto el entramado de sociedades que utilizó el ex asesor de Urbanismo de Marbella para supuestamente ocultar el patrimonio que había reunido gracias a las comisiones ilegales que recibía de los promotores inmobiliarios con intereses en la localidad. El jefe del grupo tercero de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional declaró ayer ante el tribunal que juzga el caso Malaya que hasta abril de 2009 no pudieron completar la investigación que comenzó por encargo del juez Miguel Ángel Torres en 2005.

Cuando el 29 de marzo de 2006, hace ahora cinco años, Juan Antonio Roca, los administradores de sus empresas, concejales y empresarios fueron detenidos en la operación Malaya, la Policía manejaba aún muy pocos datos que vincularan al supuesto cerebro de la trama con el vasto patrimonio que después se le atribuyó y ahora defiende como propio.

El mando policial recordó que incluso en la primera declaración ante el juez Roca negó que fuesen de su propiedad esas sociedades y esos bienes, que incluían desde fincas de reses bravas, explotaciones agrícolas, hoteles, parcelas y viviendas hasta cuadros, una colección de carruajes o un yate, un avión y un helicóptero. De hecho, hasta agosto de 2006, o sea cuando ya llevaba varios meses en la cárcel, no admitió que ese patrimonio le pertenecía. Hasta entonces se presentaba como un mero "asesor" del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita. A partir de ese momento, sin embargo, tanto los miembros del gabinete como el propio ex asesor de Urbanismo aclararon que las sociedades se habían creado para gestionar los intereses de Roca y que los miembros del despacho funcionaban como meros administradores fiduciarios.

El agente, que declara con la doble condición de testigo y perito, matizó que el cambio en la versión de los acusados se produjo precisamente a partir de junio de 2006, cuando la Policía halló los papeles de Maras, en los que presumiblemente se anotaban las entradas y salidas de su contabilidad B desde 2004. El jefe del grupo tercero de la Brigada de Blanqueo explicó que entonces fue cuando se pudo empezar a vislumbrar el funcionamiento de la supuesta trama de corrupción. Indicó que tenía la forma de una "y griega invertida", en la que el palo principal lo componen las "aportaciones que realizaban una serie de empresarios", otra de las ramas sería "la cuenta del Ayuntamiento" con la que "se pagan alcaldes, vicealcaldes y concejales" y la tercera se refiere a "los ingresos en su entorno directo".

El investigador reforzó la validez de los papeles de Maras en los testimonios que prestaron determinados empresarios reconociendo haber realizado aportaciones a Juan Antonio Roca y se refirió a Ávila Rojas y Aifos "que en sede judicial han declarado haber pagado por recibir licencias" de obras. El mando policial, a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, afirmó que existen "evidencias" de que las empresas de Juan Antonio Roca se financiaban ilegalmente gracias a esas presumibles comisiones. Aseguró que la Policía ha podido reconstruir operaciones inmobiliarias en Marbella que "incrementaron considerablemente el patrimonio de Roca".

El mando de la UDEF-Bla se refirió a cómo la sociedad Lipizar se vio beneficiada por flujos de dinero que supuestamente procedían "de empresarios que habían pagado por licencias, convenios o actos administrativos del Ayuntamiento de Marbella" y cómo esos fondos que recalaban "en esta y otras sociedades" acababan en otras "que no tenían nada que ver" mediante préstamos. Aludió, por ejemplo a un contrato entre Condeor, el brazo hotelero del emporio empresarial de Roca, y una sociedad del promotor cordobés José María Enríquez que supuestamente estaba vinculado a que la comisión de gobierno expidiera una licencia de obras al empresario.

Parte de los fondos, no obstante, se destinaban a la compra de bienes de lujo. El experto policial relató que la supuesta contabilidad B de Maras derivaba 12 millones de euros fundamentalmente a la compra de artículos suntuarios, aunque también en este capítulo, de acuerdo con la versión de la Policía, solía hacer uso de terceros y, así por ejemplo, el yate se adquirió a través de sociedades con sede en paraísos fiscales en las que figuraba el abogado Juan Hoffmann.

2006